La Diputación activa el desalojo forzoso del Museo Taurino tras expirar el plazo voluntario

Edificio de la plaza del Siglo que alberga el museo.
Edificio de la plaza del Siglo que alberga el museo. / Fernando González

El promotor paga un tercio de la deuda, pero no frena el procedimiento para rescindir la concesión y recuperar el edificio de la plaza del Siglo

Francisco Jiménez
FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

El promotor del Museo Taurino situado en el edificio que posee la Diputación en la plaza del Siglo ha saldado parte de la deuda que mantiene con la institución provincial, pero la primera transferencia realizada por el empresario extremeño Juan Barco desde que abrió el centro expositivo en febrero de 2015 no sólo es que resulte insuficiente, sino que llega justo cuando acaba de expirar el plazo dado para que abandone el inmueble de forma voluntaria. De hecho, los 130.000 euros abonados por la vía ejecutiva al Patronato de Recaudación sólo le servirán para no aumentar los intereses de demora, porque la suerte está echada para este proyecto «fallido», como reconocía recientemente el presidente del ente supramunicipal, Elías Bendodo.

Este periódico intentó ayer sin éxito contactar con el responsable de la colección privada, pero fuentes de la Diputación confirmaron ayer que el miércoles terminó el plazo sin que se hayan recibido las llaves del edificio, en el que además del centro expositivo sobre la tauromaquia también hay una tienda de regalos y una terraza. Una vez que no se ha realizado el desalojo voluntario, los servicios jurídicos están estudiando cómo se procederá al desalojo forzoso. «Hemos esperado hasta última hora y como ha terminado el plazo que le dimos, vamos a activar los mecanismos para el desalojo forzoso, pero hay que hacerlo bien. No es un proceso agradable, pero hemos llegado esta situación y nuestra intención es llegar hasta el final. Si no cumple, no puede estar con nosotros», afirmó el diputado de Cultura, Víctor González.

Canon y otros recibos

Desde la institución provincial procuran dejar claro que no hay marcha atrás. «No había pagado nada desde que entró», remarcan en referencia a los impagos del canon de concesión, así como de otros gastos que por contrato debía asumir como los recibos del IBI, el agua o la luz. En su conjunto, el montante de la deuda se acercaría a los 400.000 euros, de los que habría que descontar los 130.000 ingresados hace unos días. Ante los reiterados incumplimientos, la Diputación inició el pasado febrero los trámites para rescindir el contrato. Un procedimiento que se está alargando más de lo que exigen los grupos de la oposición porque, según alegan en el equipo de gobierno, es un trámite complejo y hay que cumplir los plazos que marca la ley. En este sentido, Bendodo ya se justificaba en el último pleno de la Corporación alegando que «no es un tema fácil». Eso sí, asegurando que el procedimiento para recuperar el edificio sigue adelante. «La única decisión es la que ampara la ley: cuando no paga el canon tiene la administración que reclamárselo o desahuciarlo y vamos a ser tajantes. No nos va a temblar el pulso», remarcaba.

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