El Defensor del Pueblo Andaluz admite la queja de los afectados por cláusula suelo

SUR MÁLAGA.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite la queja presentada por los letrados Miguel Ángel Jiménez y Carlos Cómitre -de los bufetes malagueños Jiménez y Asociados y Ley 57 Abogados-, en la que se solicita la intervención de dicho órgano para «desbloquear la situación de miles de afectados por cláusulas suelo y gastos de hipoteca» que han acudido a la justicia.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha comunicado a los abogados que se han iniciado las actuaciones ante los órganos correspondientes. En concreto, ha solicitado a la Fiscalía de Málaga que aporte cuanta información disponga en relación con los hechos planteados en la queja.

Los letrados malagueños señalan en su escrito que desde mayo de 2013, fecha de la primera sentencia del Tribunal Supremo en materia de cláusulas suelo, «se descubre que infinidad de andaluces y residentes estaban afectados por la introducción unilateral de cláusulas abusivas en sus hipotecas», siendo entonces los juzgados de lo Mercantil los competentes para tramitar esas reclamaciones. Estos órganos «se vieron claramente colapsados y perdieron su competencia a favor de los juzgados de Primera Instancia, pero «en junio de 2017, se modificó la competencia de nuevo y se atribuyó la competencia a juzgados uniprovinciales de nueva creación».

Según se señala en la queja, la situación actual es que hay personas «que acudieron en demanda de justicia en 2015 ante los juzgados de lo Mercantil con fecha de juicio señalada para el año 2021 y clientes que interpusieron su demanda después, en los juzgados de primera instancia, y cuyos asuntos ya están resueltos». A la vez, hay «clientes que acudieron a un mecanismo extrajudicial a cuyo término, infructuoso, se han visto obligados a interponer sus demandas ante los nuevos juzgados especializados», apuntando que el de Primera Instancia número 18 bis de Málaga «ha llegado a recibir, entre junio y julio de 2017 unas 2.000 demandas». Esto quiere decir que en sólo dos meses se ha cubierto el módulo de entrada de asuntos en un juzgado correspondiente a dos años, lo que supone «un gravísimo e injusto menoscabo en los derechos de los justiciables andaluces».

Por eso, los letrados solicitan al Defensor del Pueblo Andaluz que recomiende a las autoridades competente «la inmediata modificación de las normas de reparto, la cancelación del plan del CGPJ y el refuerzo de los juzgados de lo Mercantil para anticipar los juicios señalados a más de tres años vista», entre otras medidas.

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