Critican la instrucción del 'caso Hidalgo' por las expresiones de la Policía

SUR MÁLAGA.

Los abogados defensores personados en el juicio por el denominado 'caso Hidalgo' sobre blanqueo de capitales han criticado la instrucción de procedimiento y han lamentado «expresiones alarmistas» en los informes policiales para «lograr la artificiosa criminalización de los abogados». El juicio se reanudó ayer en la Audiencia de Málaga con las cuestiones previas y los letrados coincidieron en reiterar que hubo una investigación sin base sólida y que el instructor autorizó escuchas y registros con informes policiales tendenciosos y vacíos, pero aderezados con términos como «grupo organizado y trama». En dicho procedimiento los encausados están procesados por blanqueo de capitales y defraudación a la Hacienda Pública en torno a un despacho de abogados ubicado en Marbella. En su día, los investigadores señalaron el despacho de Cruz-Conde en Marbella como el principal eje de la trama delictiva de esta causa, que se destapó en abril del 2007 con una operación policial en la que se practicaron veintitrés detenciones, que se elevaron posteriormente a una treintena.

Finalmente Anticorrupción solicitó juicio oral contra catorce personas, aunque son nueve los que siguen sentados en el banquillo de los acusados, tras dos retirada de acusación, el acuerdo con uno de los procesados y dos que están enfermos. Los letrados han cuestionado al juez instructor, Francisco Javier Urquía, por su supuesta arbitrariedad cuando dictaba sus resoluciones y por falta de motivación.

Condena al juez

El Tribunal Supremo condenó en 2012 al juez Urquía a dos años de cárcel y 17 de inhabilitación por prevaricación y cohecho en la 'operación Hidalgo' después de que pidiera dinero a través de un amigo a uno de los imputados de dicho procedimiento. Los letrados han aludido además a «resoluciones predispuestas y estereotipadas» para la intervención de correos y han denunciado «el desorden en la cadena de custodia», en una investigación prospectiva y en la que consideran que no existió proporcionalidad al intervenir todas las comunicaciones del despacho de abogados.

Para los letrados, además, en las intervenciones se utilizaron argumentos como que el despacho usaba sociedades en paraísos fiscales para ocultar el último beneficiario de inversiones inmobiliarias, pero destacaron que la «opacidad es delictiva».

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos