El 70% de las comunidades de propietarios no cumplen la normativa de accesibilidad

El plazo para hacer accesibles los edificios de Málaga para las personas discapacitadas finaliza el próximo 4 de diciembre

PATRICIA PINEDA MÁLAGA.

El próximo 4 de diciembre entra en vigor un decreto que fija que los edificios de viviendas deben estar acondicionados para las personas que sufren algún tipo de discapacidad, pero a fecha de hoy el 70% de los inmuebles no cumplen la normativa. Además el porcentaje asciende en viviendas del interior, ya que estas son más antiguas. Ante esta situación, ayer se reunieron los miembros del Colegio de Administradores de Fincas con la Agrupación Desarrollo para buscar una solución a estas carencias.

El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla ha entonado el 'mea culpa' respecto al papel que debían jugar ellos en esta situación, pero a su vez ha recordado que el plazo comenzó en 2013, en plena crisis, y que esto, junto a las pocas ayudas que ha ofrecido las administraciones públicas, ha dificultado que las comunidades de vecinos den un paso hacia las obras que ayuden a mejorar la accesibilidad.

Desde la Agrupación Desarrollo plantean entre siete y ocho años para algo que debía estar listo dentro de unos pocos meses. El Colegio de Administradores de Fincas mostró en esta reunión su plena preocupación ante este problema, así como su intención de ayudar, por lo que afirman que se reunirán con el Ayuntamiento y la Junta para ampliar este plazo en 18 meses.

Francisco Torres, presidente de la Agrupación Desarrollo, denunció que muchas de las personas que se encuentran en silla de rueda están «encerradas en sus viviendas». Reivindicó que estas personas quieren «formar parte de la sociedad». Alfredo de Pablo, coordinador general, apuntó que a ellos no les importa la sanción, ya que esto no soluciona nada, pues seguirá existiendo «ese escalón». Las sanciones para las comunidades que no sean accesibles para los discapacitados van desde 300 euros para la más leve hasta 600.000 euros la más grave. Esta normativa de adaptar los edificios también afecta a las piscinas de uso comunitario, que también deberán acondicionarse.

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