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Sábado, 21 de octubre 2017, 00:43
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El Gobierno de la UCD arrestó, expedientó y trasladó a policías por la muerte de un disparo de estos de Manuel José García Caparrós en los incidentes de la manifestación en Málaga por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977. Esta es la conclusión mas novedosa que ha extraído por ahora la diputada de Unidos Podemos por Málaga Eva García Sempere tras acceder a las actas de la comisión de investigación que se llevó a cabo en el Congreso de los Diputados en 1978. Las actas han permanecido en secreto hasta que la diputada malagueña logró la aprobación de la Mesa del Congreso para su examen.
García Sempere compareció ayer junto al coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, y las tres hermanas de García Caparrós, Puri, Loli y Paqui, quienes llevan años reclamando conocer el nombre del autor de la muerte de su hermano, trabajador de 19 años de Cervezas Victoria, afiliado a CCOO, y que aquel sábado del 4D dejó de pintar su habitación para ir con unos amigos a la manifestación por la autonomía. Dos millones de personas salieron a las calles en Andalucía. Sólo Manuel José, que hasta 2013 no fue hijo predilecto de Andalucía, no regresó a su casa.
La diputada de Unidos Podemos advirtió de que solo ha leído una parte de los más de 675 folios, pero ya sabe que no podrá darle la respuesta esperada a las hermanas de García Caparrós. Desvela un informe del Ministerio de Gobernación, cuyo titular era entonces Rodolfo Martín Villa, con datos de la Comandancia de la Policía Armada. Detalla que hubo cargas policiales en tres puntos de Málaga para aplacar los incidentes entre manifestantes y grupos de ultraderecha y que en el de la Alameda de Colón una sección de 32 agentes hicieron uso de sus armas cortas con unos 30 disparos al aire, uno de los cuales mató al joven sindicalista y hubo otros dos heridos.
En las actas no aparecen los nombres de los policías. Según García Sempere, «fueron borrados». Tampoco se aclara quién o por qué se dieron órdenes de disparar. Sí se relata que el Gobierno tomó medidas disciplinarias y que algunos policías fueron «arrestados, expedientados y trasladados», sin concretar tampoco nombres. Antonio Maíllo opina, sin embargo, que se «puede tirar del hilo» para esclarecer la información que busca la familia.
La diputada denuncia que este informe incompleto de la policía no aparece en las conclusiones finales de la comisión, razón por la que nombró al actual alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados, uno de los 35 miembros de todos los partidos como diputado de la UCD, para que dé explicaciones y «arroje luz» por aquella decisión, no descartando pedirle «responsabilidades políticas» al tratarse del «único cargo activo». La diputada de Málaga subrayó que los diputados socialistas y del PCE emitieron un voto particular al dictamen final de la investigación parlamentaria, que niega responsabilidades políticas por aquellos hechos pese a que el gobernador civil entonces, Enrique Riverola, dijo que había dado «orden de despejar la zona».
El dictamen concluye también que no hubo represión injustificada de la policía y que la organización de la manifestación no lo hizo bien al provocar una tensión con los ultraderechistas por la «exhibición» de las banderas andaluzas y no llevar españolas, según cuenta García Sempere. Tensiones que se achacan a problemas económicos y de empleo en Málaga, por lo que se recomiendan inversiones en la provincia. «Suena a que se intentó comprar el silencio y se llegó a un pacto para no romper el relato idílico de la Transición» comentó Sempere.
IU y Podemos van a pedir en el Parlamento andaluz la constitución de la ‘comisión de la verdad’ en aplicación de la Ley de Memoria Histórica para abordar la documentación sobre la muerte de García Caparrós. Maíllo explicó que debería comparecer la diputada nacional de Unidos Podemos y también los miembros vivos de la citada comisión, entre ellos señaló a Francisco de la Torre. En el listado de la comisión, a la que ha accedido este periódico, figuran los entonces diputados socialistas Rafael Ballesteros, que participó en la manifestación del 4D en Málaga; y Rafael Escuredo, que luego fue presidente de la Junta de Andalucía.
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