El Ayuntamiento no logra que se derribe una obra ilegal que detectó hace once años

La vecina señala el casetón cercano a la fachada. / Fernando González

La construcción se ubica sobre la cubierta de un edificio catalogado con protección arquitectónica de grado 1 y situado frente al cine Astoria

Jesús Hinojosa
JESÚS HINOJOSAMálaga

«Este es un caso de libro». Con estas palabras definen en la Gerencia Municipal de Urbanismo el expediente de infracción que hace once años se abrió respecto a las construcciones realizadas sobre el ático del edificio ubicado en el número 5 de la plaza de María Guerrero, frente a la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria. El Ayuntamiento constató la supuesta ilegalidad de los cuerpos que se construyeron sobre este inmueble, que cuenta con protección arquitectónica de grado 1, desde el primer momento, con denuncia de la Policía Local incluida. Sin embargo, tras más de una década de trámites, todavía no ha conseguido que el denunciado derribe lo que, según sostiene Urbanismo, levantó sin el correspondiente permiso de obras.

La vecina que reside en la segunda planta del edificio y que denunció el caso acumula en su casa numerosas carpetas con los documentos generados durante la última década respecto a este asunto, que también es ‘famoso’ en la Gerencia de Urbanismo por el volumen que ocupan sus papeles. El Ayuntamiento detectó que el denunciado había construido dos cuerpos nuevos sobre el ático del edificio, y techado parte de la terraza, unos trabajos que, según lo recogido en el expediente –al que tuvo acceso este periódico– se realizaron «careciendo de la previa y preceptiva licencia municipal».

La vecina que denunció el caso ha presentado más de cuarenta escritos ante Urbanismo

Empezó entonces un rosario de resoluciones por parte del departamento de infracciones de Urbanismo, para que el denunciado demoliera lo construido sin permiso, de las que hasta la fecha ha logrado zafarse con éxito, presentando alegaciones y recurriendo en los tribunales las órdenes de demolición y las multas coercitivas activadas por la Gerencia para forzarle a que restituya la legalidad urbanística rota en pleno Centro Histórico de Málaga.

El Consistorio prevé efectuar la demolición de forma subsidiaria con la orden de un juez

¿Qué ha fallado para llegar a este punto tras más de una década? Para la vecina denunciante, que prefiere permanecer en el anonimato, está claro: «La dejadez de la Gerencia de Urbanismo». Según los datos aportados a este periódico por su abogada, María José Medialdea, seis de los diferentes procedimientos sancionadores y de reestablecimiento de la legalidad urbanística abiertos por el Ayuntamiento respecto a este expediente han tenido que darse por caducados ante la incapacidad de los funcionarios de resolverlos en el plazo de un año desde que se abren, como marca la legislación, lo que obliga a empezar de nuevo su tramitación. La tenacidad de esta vecina la ha llevado a presentar 45 escritos ante el Consistorio durante los últimos años, lo que ha contribuido a que el expediente siga vivo.

Aspecto de las obras denunciadas en octubre de 2006. / Sur

En Urbanismo, la visión es diferente, ya que recuerdan las numerosas ocasiones en las que ha resultado imposible localizar al denunciado para notificarle las diferentes resoluciones adoptadas para que derribe lo construido en 2006. En 2011, la Gerencia dictó dos órdenes de demolición: una para la ampliación del edificio en 32 metros cuadrados y cuatro metros cuadrados bajo terraza en la zona más cercana a la fachada; y otra para el acondicionamiento de terrazas «con solería y protecciones a base de barandillas metálicas y vidrio, con una superficie de 10 metros cuadrados». A estas dos órdenes de derribo se sumó una tercera en 2013 en relación a la construcción, también sin licencia según se recoge en los informes de los inspectores de Urbanismo, de un nuevo forjado en la planta tercera del edificio para generar un espacio habitable bajo la cubierta.

Según la información recabada por este periódico, todas las actuaciones emprendidas hasta ahora por Urbanismo respecto a estas supuestas infracciones no han tenido el resultado esperado porque el denunciado siempre ha logrado evadirlas presentando alegaciones o recursos judiciales. Según la abogada María José Medialdea, el Ayuntamiento le ha llegado a imponer cinco multas que todavía no ha conseguido cobrar.

No prescribe

En contra de las órdenes de demolición, el denunciado argumentó ante Urbanismo que la infracción había prescrito por los años transcurridos. Sin embargo, desde el Ayuntamiento se le ha recordado en varias ocasiones que, al tratarse de un edificio con protección arquitectónica, la irregularidad no prescribe. En 2013, el Consistorio dio traslado a la Fiscalía para que analizara si el caso era constitutivo de delito. Sin embargo, el Ministerio Fiscal lo archivó hace tres años al no apreciar un delito contra el patrimonio y comprobar que el Ayuntamiento «está ejerciendo sus competencias en materia urbanística, independientemente de que se haga o no con la rapidez que sería deseable para el administrado», apuntó el fiscal en su resolución de archivo.

SUR pudo contactar con la persona denunciada por estas obras, quien afirmó: «El Ayuntamiento dice que una parte de las obras hechas en 2006 es ilegal y yo defiendo que es legal». «Además, durante el transcurso de toda la incoación del expediente, por razones que nos gustaría saber, no me llegaba ninguna notificación, se perdían en el portal, y he sufrido indefensión jurídica muy grave pues no he podido defenderme de los informes que se cursaban sobre mi expediente. He tenido que poner como domicilio de notificaciones el despacho de mi abogado. Ahora está en manos de la justicia decidir si no es legal», abundó el denunciado, quien recordó que le ha ganado un juicio a la denunciante en relación a las grietas de la vivienda de esta vecina.

Según fuentes consultadas, llegados a este punto, la Gerencia Municipal de Urbanismo se plantea llevar a cabo la demolición de los cuerpos denunciados de forma subsidiaria, es decir, la haría el Ayuntamiento y luego le pasaría la factura al infractor. No obstante, esta opción requiere disponer de una orden judicial para poder entrar en el edificio.

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