Tres falsos autónomos ya han vuelto a trabajar al OMAU tras ganar los juicios al Ayuntamiento

De los siete que han ido a juicio, tres ya están dentro trabajando. / Sur

La oposición pide responsabilidades políticas al alcalde y al edil de Personal por la mala gestión e irregularidades que cuestan dinero a las arcas públicas

Pilar R. Quirós
PILAR R. QUIRÓSMálaga

El Ayuntamiento de Málaga lleva un verano de revolcones judiciales, al menos en lo que asuntos laborales se refiere. Este periódico adelantaba ayer que uno de los catorce falsos autónomos –autónomos por contratos de servicios, pero desempeñando un trabajo que indica que hay una relación laboral– del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) ganó a finales de junio un juicio contra el Ayuntamiento de Málaga. La sentencia exigía que la licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, encargada de los programas nacionales de este organismo, fuera readmitida por despido nulo. En este caso, el Ayuntamiento ni siquiera ha recurrido ante el TSJA. Este periódico constató ayer que la misma lleva diez días reincorporada y trabajando en este organismo al igual que otra compañera en las mismas circunstancias, así como un tercero que hace tres semanas está dado de alta por el Ayuntamiento tras haber ganado los tres sus juicios laborales. Haciendo cuentas, de los 14 falsos autónomos que probaron ante sede judicial que tenían relación laboral con el Ayuntamiento, siete fueron a juicio:tres han sido readmitidos y ya están trabajando, una ha sido indemnizada o está en vías de que la indemnicen, y otros tres aún parece ser que no han tenido resolución judicial, según fuentes consultadas por este periódico.

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En el caso de la licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, el Ayuntamiento ha sido condenado a readmitirla con un sueldo mensual de 5.445 euros brutos al mes (pagas extra prorrateadas) de forma indefinida. Fuentes municipales indican que este sueldo correspondería a un funcionario de categoría A1, pese a que el Ayuntamiento proponía pagarle 2.870,13 euros. Además, el Juzgado de lo Social ha exigido que se le paguen los salarios de tramitación a razón de 178,52 euros diarios desde julio de 2016, lo que vendría a ser algo más de un año completo, alrededor de 65.159 euros. También le deberá indemnizar con 1.500 euros para compensar el daño moral sufrido.

De los otros dos readmitidos, una de ellos es economista, y como dicta la primera sentencia en la que se prueba su relación laboral con el Ayuntamiento llevaba trabajando con contratos administrativos en el OMAU desde 2006, lo que supondría once años;y el tercero entró como falso autónomo, según sentencia, en marzo de 2011, y se encargaba de funciones de apoyo a programas internacionales.

La oposición

La oposición criticaba ayer duramente la falta de información y la opacidad que mantiene el Ayuntamiento sobre este organismo, y lo que supone la contratación de personas a través de sentencias, que acaban entrando por la puerta de atrás, como subrayaron tanto el PSOE, como Málaga Ahora, Ciudadanos e IU-Málaga para la Gente.

Para el portavoz socialista, Daniel Pérez;la líder de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo;y el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla; los máximos responsables de este desbarajuste que conculca leyes administrativas y laborales, como se ha probado en un juzgado, son el alcalde Francisco de la Torre y el concejal de Personal, Carlos Conde. «Esta forma de proceder perjudica a los trabajadores y al propio Ayuntamiento, que deberá pagar indemnizaciones», subraya Zorrilla, quien puntualizó que también fomenta el clientelismo o la explotación laboral, en según qué casos. «Esto es un serio menoscabo para las arcas públicas», reseñó Pérez, con quien coincidió con Torralbo en que este «cortijo, reino de taifas o administración paralela» en referencia al OMAU también tiene algo que ver su gerente, Pedro Marín Cots, por ser el responsable de los contratos. Para el edil de Ciudadanos Alejandro Carballo, esta situación es vergonzosa;la forma en la que acaban entrando la gente a trabajar sin pasar los requisitos que se le exige a los funcionarios o al personal laboral.

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