Los administradores de fincas piden que las comunidades puedan vetar los pisos turísticos

Vivienda con fines turísticos ubicada en la plaza de la Constitución de Málaga./Fernando González
Vivienda con fines turísticos ubicada en la plaza de la Constitución de Málaga. / Fernando González

Los colegiados de Málaga abanderan una propuesta a la Junta para que la decisión se adopte por mayoría en lugar de por unanimidad de todos los propietarios

Francisco Jiménez
FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

Aumentan las voces que piden la adopción de medidas para moderar la proliferación de viviendas con fines turísticos, un negocio que no para de crecer en la provincia hasta el punto de que, en apenas un año desde la entrada en vigor de la primera normativa que regula el alquiler vacacional, ya son más de 15.000 las que operan de forma reglada en la provincia, acaparando el 60% del total en la región. Las 64.000 plazas que aportan los inmuebles regulados (habría que sumar las miles que operan de forma clandestina) ya han llevado a los hoteleros a reclamar más controles ante un fenómeno imparable, a los ayuntamientos a estudiar soluciones como limitar su presencia en calles ya saturadas, a los residentes a quejarse por las molestias de ruidos y a los que aspiran a vivir en zonas como el Centro Histórico de Málaga, porque la oferta inmobiliaria cada vez es más reducida y a precios más desorbitados. Precisamente para dar respuesta a los vecinos, el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga está abanderando una iniciativa a nivel regional para que las comunidades de propietarios tengan más herramientas para prohibir que haya viviendas turísticas en su edificio.

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A día de hoy, la Ley de Propiedad Horizontal ya deja la puerta abierta a que los vecinos puedan vetar este tipo de actividades, siempre y cuando venga expresamente recogido en sus estatutos. Si no es así, habría que modificarlos, un procedimiento más que complejo porque requiere del acuerdo unánime de todos los propietarios, de forma que basta con que alguno de ellos quiera iniciar la actividad turística para impedirlo. Ante esta situación los administradores de fincas de la provincia ya han contactado con la Junta y están elaborando una propuesta formal que, a través del Consejo Andaluz que aglutina a todos los órganos colegiales de la región, le trasladarán al Ejecutivo autonómico para que introduzca en el decreto que regula el establecimiento de apartamentos turísticos un artículo en el que se exponga que la autorización o el veto se pueda decidir por mayoría en lugar de por unanimidad.

Una mayoría simple

De momento, aún no se ha concretado qué porcentaje de apoyos sería necesario, pero la principal opción que se contempla es que baste con una mayoría simple de la totalidad de propietarios y cuotas; es decir, que sería suficiente con un voto de diferencia. «En el momento en el que se exige la unanimidad es prácticamente imposible, porque siempre va a haber alguien que no se quiera cerrar esa puerta», advierte el presidente de los administradores de fincas de la provincia, Fernando Pastor, quien respecto a la normativa presentada recientemente por la Comunidad de Madrid para permitir a las comunidades negarse a albergar viviendas turísticas si así consta en sus estatutos considera que es «vender humo siempre que se siga pidiendo la unanimidad para modificar los estatutos, puesto que ese procedimiento ya está contemplado por la ley estatal». Por ello, en Andalucía aspiran a ir un paso más allá y que la decisión quede en manos de la mayoría de inquilinos.

La normativa actual sólo permite prohibir determinados usos si así lo recogen los estatutos

Con esta propuesta, los administradores de fincas pretenden dar respuesta a las «numerosas quejas» que sus colegiados están recibiendo tanto en la capital como, especialmente, en la Costa. «En Málaga el uso no está siendo tan abusivo, pero en el litoral nos estamos encontrando con apartamentos de un salón con dormitorio en el que se meten más de diez personas, la mayoría jóvenes, con las molestias que provocan las entrada y salida a deshoras, la música y el ruido al resto de vecinos, tanto los que viven todo el año como los que adquirieron el inmueble como segunda residencia para descansar», comenta Pastor.

La cifra

15.149
inmuebles de la provincia operan ya de forma reglada como vivienda con fines turísticos, de los que 12.235 ya han completado el procedimiento (tienen su número en el Registro de Turismo de Andalucía), con una oferta de 64.482 plazas. La provincia lidera la oferta andaluza y copa el 60% del total.

En este sentido, desde el órgano colegial exponen que cada vez son más los casos en el que se están generando cierta conflictividad entre los propietarios a favor y en contra de este tipo de alojamientos. Ante estas situaciones, al margen de la vía de los estatutos queda la judicial mediante la presentación de una demanda pidiendo la cesación de la actividad molesta. Esta potestad está recogida en la Ley de Propiedad Horizontal, donde se establece que el dueño u ocupante de un piso o local no puede desarrollar actividades prohibidas en los estatutos que resulten dañosas para la finca o contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Aun así, desde el Colegio de Administradores reconocen que la lentitud de la justicia hace que esta herramienta pierda fuelle.

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