Diario Sur

La Junta ya tiene vía libre para licitar las obras del metro hasta el Hospital Civil

Recreación del tranvía a su paso por uno de los tramos de Eugenio Gross.
Recreación del tranvía a su paso por uno de los tramos de Eugenio Gross. / SUR
  • Este paso le autorizaría legalmente a iniciar las obras sin permisos, pero en realidad necesita al Ayuntamiento para hacer los cortes de tráfico y desvíos de servicios

En el contexto actual de tensión entre los equipos de la Consejería de Fomento y el gobierno municipal, la Declaración de Interés Metropolitano que se produjo en la reunión del Consejo de Gobierno de ayer es el paso clave que permite a la Junta sacar a concurso las obras para prolongar el metro (parte en subterráneo y parte en superficie) por Eugenio Gross y Blas de Lezo. Este estatus se basa en la posibilidad de prestar servicio a los hospitales Civil y Materno y en la conexión con intercambiadores que posibilitan el transbordo. Es cierto que ahora la Consejería de Fomento estaría plenamente autorizada a hacer los trabajos sin la necesidad de solicitar ningún permiso municipal; aunque de hecho requiere obligatoriamente que el Consistorio esté de acuerdo, entre otras cosas, para hacer los cortes y desvíos de tráfico (Área de Movilidad y Policía Local) y de los servicios afectados (electricidad, agua, saneamiento, telefonía, etc).

Por tanto, ¿qué se pretende conseguir con este movimiento? Básicamente, Fomento busca forzar una respuesta oficial del alcalde, Francisco de la Torre, que hasta ahora ha seguido defendiendo el ‘metrobús’ y ha rechazado la posibilidad del tranvía sólo en las declaraciones públicas, pero en ningún documento oficial. De hecho, en las alegaciones presentadas a la Declaración de Interés Metropolitano evitó pronunciarse por la falta de información. Pero este trámite también busca un blindaje jurídico ante el previsible conflicto que se avecina con la concesionaria. La Junta va a agotar toda la tramitación administrativa y legal necesaria del proyecto al Civil, hasta el momento mismo de comenzar los trabajos sobre el terreno. Si finalmente se produce el bloqueo, exigirá al Consistorio que pague el déficit de explotación que se generará –por los viajeros no transportados– y que se cifra en torno a tres millones de euros anuales hasta el final de la concesión (en el año 2042).

El regidor declinó manifestarse ayer y emplazó a los medios a un encuentro hoy para valorar la decisión del Gobierno andaluz. Sí lo hizo el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, para quien este paso es «un punto de inflexión», por lo que confió en que finalmente Francisco de la Torre «acabe teniendo el buen criterio de respetar lo que firmó en 2013». López, en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, destacó que la Asociación española de empresas constructoras y concesionarias (Seopan) sitúa al tramo entre las estaciones Guadalmedina y Hospital Civil como el de mayor rentabilidad socioeconómicá de entre todos los metros y tranvías proyectados en España. «Seopan no es sospechosa de tener connivencia en términos partidarios con el Gobierno de la Junta, sino que es un acercamiento objetivo y distante», dijo el consejero, y destacó que este elemento se debe tener en cuenta por parte del Ayuntamiento y de su alcalde».

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, calificó de «agresión» a la ciudad la decisión tomada por el Consejo de Gobierno andaluz. «Lo peor que puede hacer una administración o un político es gobernar en contra y de espaldas a los ciudadanos», denunció. A su juicio, este modelo tiene el «rechazo» de la ciudad «y de todas las instituciones de forma unánime», y reiteró: «Se perpetra una agresión a Málaga y a los vecinos del distrito Bailén-Miraflores». El dirigente advirtió de que desde el Ayuntamiento, en el que es concejal, y el PP no se van a «quedar callados ante este ataque» y anunció que llevarán su reivindicación «hasta sus últimas consecuencias, para defender los derechos de los malagueños».

A modo de respuesta, preguntado sobre las declaraciones de Bendodo, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, contraatacó y argumentó: «Hay que enmarcarlo en la pelea interna del PP de Málaga; con esas críticas se está atacando directamente al alcalde, que fue el que firmó el documento fruto de una negociación con la Junta». A lo que añadió: «Elías Bendodo le quiere pasar alguna factura al alcalde».

Desde las filas de la oposición vecinal, el coordinador de la plataforma ‘No al tranvía al Civil, sí al metro al PTA y Campanillas’, Francisco Fernández, valoró la decisión como «decepcionante». «Imponer el tranvía por aplicación de la ley es un desprecio a los vecinos de la zona, a los que nos han ignorado», y añadió: «Seguimos manteniendo que el tranvía sería tremendamente perjudicial para el distrito Bailén-Miraflores, apostamos por que el dinero se destine a prolongar la línea hasta Campanillas y el PTA».

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