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Recreación de la barriada de Sánchez Blanca, que fue proyectada hace más de una década.
Unicaja debe más de 25 millones al Ayuntamiento por un proyecto de pisos

Unicaja debe más de 25 millones al Ayuntamiento por un proyecto de pisos

El miércoles expira el plazo que GIA y Andria pactaron con Urbanismo para abonar el convenio de las más de tres mil viviendas en Sánchez Blanca

Jesús Hinojosa

Jueves, 27 de abril 2017, 12:39

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Han pasado seis años y los terrenos de Sánchez Blanca, más de seiscientos mil metros cuadrados situados entre Intelhorce y Los Prados, siguen sin acoger ni una sola de las 3.443 viviendas que se proyectaron en ellos a mediados de la pasada década, al calor del boom inmobiliario. Como otras muchas operaciones urbanísticas, la crisis hizo que sus promotores iniciales liderados por el grupo Prasa tuvieran que entregarla a los bancos, por lo que Unicaja, a través de su brazo inmobiliario GIA (Gestión de Inmuebles Adquiridos) se hizo con la mayor parte de los derechos edificatorios en la zona.

El 3 de mayo de 2011, GIA y la promotora madrileña Andria, que mantiene un 20% del proyecto, firmaron con el Ayuntamiento una modificación del convenio que tenía asociada esta operación que las obligaba a pagar 28,4 millones de euros a las arcas municipales en el plazo máximo de seis años a contar desde la rúbrica de aquel acuerdo, con el convencimiento de esa cantidad se iría liquidando a medida que se fueran autorizando los permisos de obra para cada una de las promociones residenciales de esta futura barriada. Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta y el miércoles de la semana que viene expira ese plazo sin que se haya puesto ni un solo ladrillo en el lugar.

Así, la teoría es que Unicaja y Andria tienen una semana para abonar al Consistorio el dinero que resta por pagar del convenio urbanístico asociado a la operación residencial de Sánchez Blanca, en total 34,6 millones de euros si se tienen en cuenta los intereses generados desde entonces. A GIApodrían corresponderle más de 25 millones. Pero la realidad es que el equipo de gobierno municipal negocia desde hace un año con la entidad bancaria cómo encajar esta situación, que posiblemente derivará en una reformulación del pacto que firmaron hace seis años.

El concejal de Ordenación delTerritorio, Francisco Pomares, explicó que las conversaciones con Unicaja sobre este asunto la última de ellas se mantuvo la pasada semana van encaminadas a estudiar si el Ayuntamiento entraría en el proyecto para desarrollar el 10% de sus derechos urbanísticos con viviendas de protección oficial. La actuación prevé más de un millar de pisos de esta modalidad. Esta posibilidad se topa con el acuerdo al que llegó Prasa con la Junta de Andalucía para que fuera la Administración regional la que desarrollara las VPO de la barriada. En el caso de que el Consistorio las asumiera finalmente, ello podría implicar una rebaja en la cantidad que GIA y Andria adeudan por el convenio.

Negociación

«Estamos negociando cómo articular todo esto desde hace un año», reconoció Pomares, quien apuntó que esa negociación se complica porque la otra promotora, Andria, no está por desarrollar su parte y quiere venderla. No obstante, confió en cerrar en breve un acuerdo sobre este asunto.

¿Qué pasará si Unicaja y Andria no ingresan los 34 millones de euros en las arcas del Ayuntamiento antes del próximo jueves? Según el concejal de Urbanismo, «se les reclamará». No obstante, aseguró que la actitud al respecto de la entidad bancaria «es buena». «Son conscientes de la deuda que tienen y de que tienen que cumplir el compromiso que firmaron en su día», expuso el edil. Según ese acuerdo, en el caso de que expire el plazo sin que el Consistorio ingrese el dinero del convenio, podría ejercer lo que se denomina reparcelación forzosa, es decir, quedarse con derechos edificatorios en el sector que estén valorados en la cantidad que se le adeuda.

No obstante, el concejal de Ordenación delTerritorio confió en que no haya que llegar a situación, entre otras cosas porque el equipo de gobierno no quiere asumir más derechos urbanísticos en proyectos futuros de la ciudad como fórmula de pago en especie de los convenios que se firmaron al calor del boom inmobiliario, como ya ha sucedido en los casos de Repsol y La Térmica. En ambos, el Ayuntamiento ostenta desde hace varios años una serie de derechos edificatorios que todavía no ha logrado vender para hacer caja con ellos.

Fuentes de Unicaja confirmaron que desde GIAse está negociando con el Ayuntamiento el pago de la parte proporcional que les corresponde del convenio, y aseguraron que «hay voluntad» de cumplirlo. No obstante, apuntaron que GIA quiere adaptar el proyecto residencial de Sánchez Blanca a las actuales circunstancias del mercado inmobiliario.

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