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Jesús Hinojosa
Lunes, 24 de abril 2017, 00:29
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Más de 700 millones de euros, en concreto, 733 millones a fecha del pasado 31 de diciembre. Es la cuantía a la que asciende la deuda a largo plazo del Ayuntamiento de Málaga, según los datos contenidos en el documento del presupuesto municipal para este año, que entró en vigor el pasado día 10. La cifra es bastante superior a los 542 millones contabilizados para medir el nivel de endeudamiento del Consistorio, un baremo utilizado por las estadísticas del Banco de España en el que no están incluidas las deudas de todos los organismos y empresas municipales.
¿A qué corresponden esos 733 millones de deuda? La respuesta a esta pregunta sirve para descubrir alguna que otra sorpresa. Por ejemplo, que todavía se deben 2,8 millones de euros de un préstamo contraído en 2001 para la construcción del Palacio de Ferias y 1,2 millones de otro para la reforma de la calle Larios. También es llamativo comprobar cuáles son los principales acreedores del Ayuntamiento. El mayor de todos ellos es el BBVA, al que adeuda 172 millones de euros en total, incluidos los préstamos por VPO. Le siguen el Sabadell (115 millones), Unicaja (83,5 millones) y el Gobierno central, con 45 millones de euros. Esta cuantía no es un préstamo como tal, sino que responde a la participación en los ingresos de Estado que correspondió a la ciudad en los años 2008 y 2009, en base a una previsión de recaudación de impuestos que luego no se cumplió, por lo que el Ejecutivo central reclama este dinero, como sucede en otros muchos municipios españoles.
Según los cálculos realizados por este periódico, el 60% del débito municipal a largo plazo, unos 433 millones de euros, se corresponden con préstamos contraídos por el Ayuntamiento en la segunda mitad de la pasada década. Eran los años del boom inmobiliario en el que las administraciones públicas se contagiaron del optimismo económico reinante que luego derivó en la posterior crisis económica. Solo de los créditos solicitados en los años 2005 y 2006 por el Ayuntamiento para acometer diferentes proyectos en la ciudad todavía se adeudan 173 millones de euros.
En 2006, el año previo a las elecciones municipales de 2007, se llevó a cabo una de las operaciones financieras más controvertidas de los últimos años en la esfera municipal. El Consistorio exigió a la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) una especie de canon por utilizar las canalizaciones de la ciudad como una singular fórmula para llenar sus arcas. Ello obligó a la empresa a formalizar un préstamo de 91 millones de euros del que todavía debe 72. Debido a aquella transacción, que volvió a repetirse en el año 2010 por una cuantía de 45 millones de euros este crédito ha sido refinanciado recientemente, Emasa es el departamento municipal con un mayor nivel de deuda, después del Ayuntamiento como tal. La empresa de aguas debe a los bancos 114 millones de euros. El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, apuntó que, con la refinanciación de parte de esta deuda de Emasa ante la bajada de los tipos de interés, se conseguirá un ahorro de unos 900.000 euros al año.
VPO
También de 2005 y 2006 datan los principales préstamos que todavía arrastra la Gerencia Municipal de Urbanismo, uno de los principales organismos inversores, que acumula una deuda de 35,5 millones de euros. No obstante, la supera con creces el Instituto Municipal de la Vivienda, con un total de 92,7 millones de euros correspondientes a las casi cuarenta promociones de viviendas protegidas que el Consistorio acometió a lo largo de la pasada década, entre ellas las de la barriada de Soliva.
El equipo de gobierno municipal sostiene que los préstamos de las obras de VPO no deberían ser tenidos en cuenta a la hora de baremar el nivel de endeudamiento de los ayuntamientos, pero sí cuentan y hacen que, según los últimos datos, se eleve hasta el 88%. Si fuera superior al 110%, el Consistorio no tendría opción alguna para endeudarse más, y si fuera inferior al 75% podría contraer nuevos préstamos. En la horquilla en la que se sitúa actualmente, debe pedir autorización a la Junta para poder activar nuevas deudas. Son los límites que impuso el Gobierno central a los municipios españoles a raíz de los desmanes que algunos cometieron durante los años del boom económico.
Málaga no es ajena a estos controles financieros y aplica desde hace años su propio plan de ajuste que la lleva a destinar unos 50 millones de euros cada año para cancelar deuda. «Si seguimos en este ritmo, es posible que alcancemos el objetivo del plan antes de lo previsto», expuso el concejal de Economía, Carlos Conde. A los 50 millones para amortizar deuda hay que sumar entre 15 y 20 millones de euros cada año en 2017 están previstos 18 millones para el pago de intereses de esos créditos. No obstante, debido a la bajada de los tipos, es normal que el Ayuntamiento termine pagando menos por ese concepto y destinando ese ahorro a financiar otros gastos municipales.
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