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IVÁN GELIBTER
Jueves, 30 de marzo 2017, 00:57
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Hasta hace unos pocos años, el concepto de 'vientres de alquiler' -o como se conoce últimamente, gestación o maternidad subrogada- era ajeno a la mayor parte de la sociedad. Sin embargo, desde hace ya unos meses, y tras haber llegado el debate al seno de los partidos politicos, la cuestión podría llegar en esta legislatura al Congreso de los Diputados para una posible aprobación de una práctica que ya es legal en varios países. En el caso concreto de España, esta práctica no es legal, pero desde hace un tiempo las instituciones han decidido hacer «la vista gorda», permitiendo la inscripción de estos menores en el registro pese a no tener una madre identificada.
Las aristas legales de esta cuestión y las bases de una futura aprobación fueron los temas que más se trataron ayer en una mesa de debate organizada por la Unidad de Reproducción del Centro Gutenberg; una cita a la que acudieron un buen númer de curiosos y varios expertos con la intención de arrojar algo de luz sobre un tema polémico que divide tanto a la izquierda como a la derecha, aunque por motivos bien distintos.
Rocío Nuñez, subdirectora de la clínica Tambre, forma parte del comité de ética y buena práctica de la Sociedad Española de Fertilidad, una institución que a mediados de 2016 hizo público un documento que llevaba el título de 'Propuesta de bases generales para la regulación en España de la gestación por sustitución'; un texto en el que, entre otras cuestiones, plantean la legalización de esta práctica en España, aunque, matiza, «sin compesación económica». Sin embargo, y pese a esta afirmación, en realidad sí que hacen referencia a una serie cantidades «por las molestias» -dicho en términos coloquiales-, similar a las que reciben, por ejemplo, con la donación de óvulos. «Creemos que esto no puede superar el Salario Mínimo Interprofesional, y que además tanto de estos gastos, como los gastos médicos, deberían hacerse cargos las instituciones, evitando así que haya un mercado», aclara, una de las principales críticas al respecto que parten desde los sectores que más se oponen a la regularización de esta práctica.
No para todos
Según Núñez, para evitar que se «frivolice» con los 'vientres de alquiler', una de las principales prohibiciones debería ser que cualquiera pueda acceder a esta práctica, sino aquellos que no puedan tener hijos de manera natural, como el caso de las parejas de dos hombres o de mujeres que no sean fértiles.
«Y para fiscalizarlo aún más», añade la doctora, «cada caso debe ser tratado de manera individual por un comité de ética, y debe ir acompañado de una resolución judicial al respecto», apunta. «Una especie de paralelismo con la adopción, al menos términos legales», matiza. Mientras el debate de los vientres del alquiler profundiza en la sociedad española, la realidad es que ésta se puede realizar en otros países y está siendo posible registrar a los hijos en España, aunque no es apto para todos los bolsillos, ya que el presupuesto mínimo ronda los 50.000 euros por bebé.
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