El juez archiva la pieza política del 'caso Edu' sobre los cursos de formación

El 'caso Edu' continúa desmoronándose en los tribunales. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital ha ordenado el sobreseimiento libre de la investigación sobre funcionarios y altos cargos de la Junta de Andalucía -la llamada pieza política- por las presuntas irregularidades en dos convocatorias de subvenciones para cursos de formación para desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En esta pieza separada, una de las 27 (la mayoría ya han sido archivadas ) en las que se fragmentó la extensa investigación policial, han sido investigados 12 funcionarios, entre los que hay desde jefes de servicio, responsables de departamentos o técnicos de seguimiento de los cursos hasta el propio exdelegado de Empleo y director del SAE, Juan Carlos Lomeña, que ha sido representado en la causa por el abogado Diego Martín Reyes. Todos ellos han quedado exonerados ahora por el juez, que indica no obstante que la formación de esta causa «no perjudica la reputación de los mismos».

Las pesquisas se han centrado en las convocatorias del 15 de diciembre de 2010, en la que se investigaron 17 empresas; y del 4 de noviembre del mismo año, por la que se puso la lupa sobre diez sociedades. El juez concluye que no se han encontrado los indicios de delito que dieron lugar a la formación de la causa y, por tanto, los investigados no habrían cometido los delitos de prevaricación y malversación, ya que, como han puesto de manifiesto las defensas, sí ha existido -considera el magistrado- un sistema de seguimiento de las subvenciones, según el auto de archivo, al que ha tenido acceso SUR. El instructor asegura que tampoco se ha detectado «indicio racional alguno de delito, fuera de las meras sospechas o conjeturas» sobre posibles connivencias entre los funcionarios y los beneficiarios de las ayudas.

Además, el hecho de que la Intervención provincial fiscalice las adjudicaciones «impide que se pudiera incurrir en arbitrariedad en la selección de beneficiarios», según el magistrado, quien apostilla que, al entrar en funcionamiento distintos departamentos con diferentes funciones, es «imposible que puedan pasar inadvertidas supuestas irregularidades cometidas intencionadamente de mutuo acuerdo» con empresarios.

El juez coincide con la Fiscalía -que también había pedido el sobreseimiento libre, al que se adhirió el gabinete jurídico de la Junta- en que «lo único que se ha comprobado es que la Administración Pública se ha visto desbordada» e incapaz de llevar a cabo el examen previo, control exhaustivo, seguimiento detallado y verificación pormenorizada del enorme número de cursos subvencionados (527) y de expedientes de formación ocupacional, que de 875 en 2009 pasó a 1.485 en 2010.

El instructor matiza que esto «no supone que exista perjuicio patrimonial a los fondos públicos» cuando se constata que alguna de las entidades beneficiarias no reúne los requisitos exigidos, «porque la Administración ha procedido a reclamar el reintegro de las subvenciones, cuando no se llegue a imputaciones penales en las piezas separadas de esta causa contra los beneficiarios».