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Contratados a través de un plan empleo pintando las casetas del recinto ferial de Málaga.
Ayuntamientos revisan los planes de empleo por temor a una avalancha de reclamaciones

Ayuntamientos revisan los planes de empleo por temor a una avalancha de reclamaciones

Una sentencia del TSJA que condena a la capital a pagar a un operario según el convenio colectivo lleva a los municipios a replantearse los programas de inserción laboral

Francisco Jiménez

Lunes, 19 de diciembre 2016, 00:37

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Los planes de empleo que las administraciones públicas impulsan para ayudar a familias desfavorecidas y abrir la puerta del mercado laboral a parados de larga duración pueden volverse en contra de los ayuntamientos. Sobre ellos pesa la amenaza de encontrarse con un aluvión de denuncias después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) diera la razón a un operario contratado por el Ayuntamiento de Málaga en 2015 a través de un programa de empleo financiado por la Junta que reclamó cobrar lo estipulado en el convenio colectivo en lugar de la cuantía subvencionada. En definitiva, que a igual trabajo igual retribución, por lo que a los 4.344 euros que percibió como encargado de obra durante los cuatro meses que estuvo en activo (1.086 euros mensuales), le corresponden otros 4.956 para equipararse a los 2.325 euros mensuales contemplados en el convenio del personal laboral.

Un fallo judicial que sienta precedente, pero sin carácter retroactivo

  • La sentencia que condena a pagar a un trabajador según el convenio colectivo no es el único procedimiento judicial abierto contra el Ayuntamiento de Málaga, donde están a la espera de varios casos pendientes en los juzgados de lo Social con el convencimiento de que harán suyo el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Una resolución que tumbó la del Juzgado de lo Social número 9 de Málaga que, en primera instancia, dio la razón al Consistorio al igual que ocurrió con la demanda de otros dos trabajadores del programa Empleo30+. Estos últimos no recurrieron, pero sí lo hizo este malagueño que desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo de 2015 ejerció de encargado de obras en el distrito Palma-Palmilla supervisando trabajos de mantenimiento de espacios públicos.

  • Aunque el convenio colectivo excluye su aplicación al personal contratado mediante programas o convenios de fomento de empleo, los magistrados del TSJA consideran que esta cláusula es «contraria al principio constitucional de igualdad ante la Ley», de forma que los trabajadores cuyos contratos son financiados mediante subvenciones de otras administraciones «están vinculados a su empleador por un contrato en idénticas condiciones» que el resto. La sentencia sienta precedente ante futuras demandas o las que aún siguen vivas, pero no da pie a posibles reclamaciones de anteriores planes al estar ya prescrito.

Una diferencia que tendrán que salir de las arcas municipales, de ahí que el equipo de gobierno municipal se esté planteando renunciar a los 12,45 millones de euros que la Administración autonómica le ha concedido para contratar a 716 personas durante un periodo de entre tres y seis meses. «Si no se cambia la normativa, podemos enfrentarnos a una cascada de denuncias que nos llevarían a pagar otros 14 millones de euros», advierte el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, quien asegura que la decisión de seguir adelante o no con esta iniciativa se tomará cuando se reciba toda la documentación de la resolución que la Junta de Andalucía aprobó el pasado 29 de noviembre autorizando la subvención al Consistorio.

Reducir la jornada laboral

Un compás de espera para comprobar si se ha incluido alguna modificación para evitar que la historia se vuelva a repetir, tal y como le solicitó el Consistorio el pasado verano proponiendo que la duración del contrato o la jornada laboral se pueda reducir para no sobrepasar el importe máximo de la subvención otorgada, como ocurre con el plan de inserción laboral destinado a personas en exclusión social que también financia la Junta.

De momento, el caso de Málaga capital es el primero que se conoce y no tiene carácter retroactivo par el resto de los contratados en 2015, pero sienta un precedente jurídico que podría animar no sólo a los cinco mil parados que serán contratados en la provincia a través de los programas Empleo@Joven (menores de 29 años) y Empleo30+ (mayores de 30), sino a los 31.500 que se beneficiarán de ambas iniciativas en toda Andalucía. Los ayuntamientos ya han tomado nota de esta posibilidad y están revisando los procedimientos de contratación ante el temor a un posible aluvión de reclamaciones que pueden suponer un descalabro económico más que considerable para las arcas municipales.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Empleo para valorar la situación, aunque no ha obtenido respuesta. En cualquier caso, cabe reseñar que la posibilidad de que la Junta aumente las partidas presupuestarias para adecuarse a las condiciones laborales de los ayuntamientos ni siquiera se contempla, Primero por el gasto extra que supondría, pero también porque cada uno tiene su propio convenio y adaptarse a cada uno rompería la igualdad de trato entre los municipios. De ahí que se establezca una ayuda única para todos los consistorios ue oscila entre los 1.300 y los 1.700 euros brutos mensuales por contrato en función de cada categoría profesional.

Alternativas

«Es una cuestión que debemos tener muy en cuenta, porque si las personas contratadas reclaman en masa la diferencia salarial nos descuadraría el presupuesto», reconoce Daniel Pérez, responsable de Personal del Ayuntamiento de Marbella, al que le corresponden 2,47 millones para 299 empleos. Al igual que en la capital, la única alternativa que atisban pasaría por reducir la jornada laboral, aunque la norma actual no lo permite.

«O la Junta modifica los criterios, o no te acoges a estas iniciativas o, como estamos haciendo aquí, sustituimos los planes de empleo municipales por bolsas de trabajo temporal. De momento seguimos adelante, pero estudiando qué podemos hacer para valorar si continuamos o no», remarca Pérez.

También están analizando la situación en Estepona (1,6 millones para 200 contratos) para ver si el sueldo que cobrarían según el convenio municipal es muy superior al que percibirán los seleccionados. De momento, la concejala de Personal, Pilar Fernández-Figares, se muestra cauta, aunque dejando claro que si el perjuicio para la hacienda local es importante el equipo de gobierno se tendría que replantear mantener estos planes.

Donde sí que tienen decidido seguir adelante con las 147 contrataciones previstas por 1,2 millones de euros es en Alhaurín de la Torre, con el convencimiento de que reflejar en cada contrato que las condiciones laborales están sujetas a lo fijado por la Junta es un aval. «Mi consejo para el resto es que hagan mención específica a la resolución autonómica y que, a la hora de firmar, se le advierta al trabajador de que esas son las condiciones», apunta el alcalde Joaquín Villanova, quien asegura que si hubiera que ajustar las retribuciones a los convenios «no sería rentable y, además, sería una locura».

En Vélez, la concejala de Personal, Ana Campos, aseguró desconocer la sentencia que condena al Ayuntamiento de Málaga, por lo que anunció que va a poner de forma inmediata los técnicos municipales a trabajar en este asunto para que recaben el fallo y valoren sus alcance en el supuesto de que otros beneficiarios opten por reclamar lo mismo.

Aunque el Ayuntamiento de Málaga trasladó a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) la moción aprobada en Pleno el 22 de julio en la que se advertía de esta situación, desde la entidad que agrupa a todos los ayuntamientos y diputaciones de la región aseguraron a este periódico que será ahora cuando se va a solicitar al Gobierno autonómico que modifique los criterios para que «estos planes que ayudan a muchísimas familias no se vuelvan en contra de los ayuntamientos y acaben paralizándose estas iniciativas».

En esta información han colaborado: Agustín Peláez y Leandro Pavón.

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