Diario Sur

La Junta y el Ayuntamiento de Málaga acuerdan resolver el convenio de las 'tecnocasas' en los primeros meses del año que viene

Solar de la calle Gigantes
Solar de la calle Gigantes / Sur
  • El trámite permitirá concretar el futuro de más de setenta solares del Centro que llevaban una década reservados por las administraciones para ser expropiados

El Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía han mantenido este jueves una nueva reunión para resolver el convenio que firmaron en 2005 para expropiar numerosos solares del entorno del Centro Histórico y construir en ellos las llamadas 'tecnocasas', unas viviendas públicas en alquiler que iban a contar con un espacio vinculado para el 'teletrabajo'. Aquel proyecto quedó desechado y el Gobierno andaluz lo abandonó con una deuda de más de siete millones de euros con los expropiados. La anulación del convenio se lleva discutiendo desde hace tres años y las dos administraciones no han sido capaces de pactar aún totalmente su desactivación, pese a que en enero de este año ya alcanzaron un acuerdo global para ello. Según han anunciado tras la reunión mantenida en la Delegación del Gobierno, será posible rubricar la resolución del plan de las 'tecnocasas' en los primeros meses del año que viene.

La secretaria general de Vivienda de la Junta, Catalina Madueño, ha explicado que todavía quedan "flecos" por cerrar pero ha asegurado que este último encuentro con los responsables de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de la capital ha sido determinante para avanzar en este asunto, del que depende el futuro de más de setenta solares. "Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los expropiados", ha indicado Madueño, quien ha confiado en que ya no habrá más demoras para el acuerdo sobre el reparto de suelos que iban a albergar las 'tecnocasas'. Algunos de ellos quedarán en manos del Ayuntamiento y de la Junta para la promoción de viviendas públicas, otros serán para la construcción de viario y equipamientos, y algunos se volverán a dejar en manos de sus propietarios, que tendrán derecho a solicitar una indemnización por los años en que la Administración los ha tenido retenidos.

El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha confiado en que el acuerdo se firme "lo antes posible" y ha detallado que faltan para ello informes jurídicos y presupuestarios de las dos instituciones que se podrán recabar en los próximos meses.