Menos es más en los plenos de Málaga

No hace falta ser un experto en debate municipal para saber que hay cosas que no funcionan en el pleno. Y que además proyectan una imagen sumamente negativa. El asunto, convertido desde hace meses en carne de corrillo y de conversaciones informales entre los concejales y otros profesionales vinculados a la Casona, parece haber entrado en un punto de no retorno tras la sesión del viernes pasado, el vivo ejemplo de que las segundas partes no suelen ser buenas: es decir, que en el caso concreto del pleno en el Ayuntamiento el segundo día ha comenzado a sobrar. La decisión, impulsada a principios de la legislatura por el grupo Ciudadanos creyendo que con ella el debate ganaría en agilidad al dividirse en dos días, es una pequeña parte en el conjunto de vicios que lastran el debate, concebido supuestamente como un ejercicio de política constructiva. Pero eso no ha sido así. Y que en una corporación con tantas sensibilidades tantas como cinco grupos más un concejal no adscrito todos estén de acuerdo en que hay que «hacer algo» con el pleno dice mucho de dónde han llegado las cosas.

La división del orden del día en dos no es el único problema; de hecho resulta difícil volver a condensar todo el trabajo en una jornada precisamente por la mayor representatividad política en el Ayuntamiento: en la anterior legislatura, con tres grupos políticos, era factible; pero hoy es casi imposible. De hecho, hay otras cuestiones sobre la mesa que preocupan mucho más: en el plano general, la multiplicación de los frentes por la abundancia de consejos de administración, mesas de trabajo, consejos sectoriales o comisiones (entre ellas las de investigación), entre otras, apenas dejan a los ediles tiempo para centrarse en lo que debería capitalizar parte de su labor: la gestión política, ya sea desde el equipo de gobierno o la oposición, que también tiene lo suyo. Echando cuentas, si a esta carga extra se le suman los dos días de pleno, cada concejal municipal dedica más de una semana a debatir sobre asuntos que además en muchos casos tienen poco reflejo en lo que le llega al ciudadano.

Más de 25 mociones al pleno

Y volviendo al pleno municipal, el reglamento actual permite a los grupos presentar cinco mociones (cuatro ordinarias y una urgente) y dos comparecencias al mes: eso arroja una media de 25 pequeños debates a razón de casi media hora cada uno a los que hay que sumar las dos iniciativas que corresponden al nuevo concejal no adscrito: Juanjo Espinosa, exedil de Málaga Ahora. El resultado: la discusión es interminable y suma, entre todos los frentes, más de un centenar de iniciativas al mes y unas 1.500 al año. Echen cuentas.

Por otra parte, existe la sensación creciente de que el pleno municipal trata en demasiadas ocasiones asuntos que poco o nada tienen que ver con la gestión de la ciudad ni con las competencias del Ayuntamiento para abordarlos: uno de los ejemplos más recientes está en la moción sobre el genocidio del pueblo armenio, un hecho histórico que se remonta a principios del siglo XX que no sólo queda lejos en el calendario y en el mapa, sino que ha habido que retocar una vez aprobada porque ha estado a punto de abrir un conflicto diplomático con Turquía sin necesidad.

«No podemos olvidar lo que somos: un Ayuntamiento». La reflexión la hacía ayer en voz alta el portavoz del PP Carlos Conde, pero es compartida al menos en lo esencial por el resto de portavoces, que se refieren así a las iniciativas de pleno que no interpelan a la administración municipal sino a otras como el Gobierno Central o la Junta de Andalucía y que, a la hora de la verdad, tienen un efecto casi nulo en el debate salvo en consumo de tiempo.

En este escenario, parece evidente que un pleno municipal debería debatir sobre cuestiones que sean de su competencia, pero no siempre es fácil ajustarse a lo que debería ser. Para comprenderlo, hay que recordar que en el Ayuntamiento de Málaga las tres figuras competentes para decidir son el alcalde (si se establece la comparación con un Gobierno central, sería como el presidente del Gobierno), la Junta de Gobierno (el consejo de Ministros, con todos los miembros del mismo partido) y el pleno (el congreso de los diputados). Según la Ley de Grandes Ciudades, la que más poder acumula es la de la Junta de Gobierno, quedando para el pleno a grandes rasgos asuntos como son los presupuestos, las ordenanzas fiscales o el PGOU y sus modificaciones. Es decir, que cada cosa tiene su ámbito a pesar de que hay que asumir que por supuesto el pleno está capacitado para debatir sobre cualquier asunto por su condición de órgano de representación de la voluntad ciudadana. El reto pendiente, ahora, está en saber poner las líneas rojas.

En esa discusión andan desde hace semanas los portavoces de los grupos, que asumen sin fisuras la necesidad de asumir ese debate sobre el debate. Desde la «incomodidad» que muchas veces siente la portavoz socialista, María del Carmen Moreno, al ver el curso de las cosas hasta el contundente «hay que hacer algo ya» de Juan Cassá (Ciudadanos) o a la «mala imagen» que es consciente que proyecta el pleno en palabras de Eduardo Zorrilla (Málaga para la Gente); la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, pide por su parte un ejercicio de «responsabilidad colectiva» y el no adscrito Juanjo Espinosa admite que «a veces se engaña a la gente sobre lo que representa de verdad un pleno».

Una vez asumida la necesidad de cambio, los portavoces de los grupos han comenzado a mover ficha para alcanzar acuerdos y conseguir que el pleno gane en agilidad y sobre todo en calidad. Y en esta ronda de contactos ya hay un primer acuerdo prácticamente cerrado en torno al número de mociones que podrá presentar cada grupo, de modo que de las cinco actuales se recorta a tres (dos urgentes y una ordinaria). Está previsto que esta nueva forma de organizar el orden del día entre en vigor con la llegada de 2017, ya que el pleno de diciembre (programado para el 22) no suele prolongarse más de la cuenta por las fechas en las que se celebra. También está sobre la mesa la necesidad de acortar los tiempos de las intervenciones, o que las mociones que reúnan el acuerdo en la Junta de Portavoces se eleven a pleno para ser aprobadas pero sin debate. Este paquete de medidas podría desembocar en una modificación del reglamento, un extremo que ya han comenzado a abordar en reuniones informales PP y Ciudadanos y que, dado el caso, cumplirían con la máxima imprescindible de que menos es más. También en los plenos.

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