Diario Sur

ALEGATO POR EL MUNICIPALISMO

  • Los partidos en el pleno de la Diputación, menos Ciudadanos, piden al Gobierno abrir el diálogo por un nuevo pacto local y que no haya recortes para ayuntamientos y diputaciones en 2017. Unidad para coordinar y aumentar la financiación contra la violencia de género

Varios años lleva ya el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, reclamando una segunda descentralización administrativa que potencie en competencias y, sobre todo, en financiación a los ayuntamientos, las instituciones más cercanas a la ciudadanía. En esa línea, el pleno de la Diputación Provincial aprobó ayer por una amplia mayoría reclamar al Gobierno central la apertura de una proceso de negociación con los partidos políticos y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que desemboque en un nuevo pacto local que clarifique el ámbito de competencias y la financiación de ayuntamientos y diputaciones. PP, PSOE, IU y Málaga Ahora respaldaron la moción con origen en el grupo socialista, mientras que Ciudadanos se descolgó votando en contra.

La formación naranja también se opuso al punto en el que se defendía el papel de las diputaciones provinciales cono instituciones que articulan territorial y administrativamente las provincias y que salió adelante con el apoyo del resto de grupos. Asimismo, socialistas, populares, IU y Málaga Ahora instaron al Gobierno de la nación a que no plantee ningún recorte en servicios ni en financiación de los ayuntamientos y diputaciones españolas en el presupuesto de 2017; y PP y PSOE sacaron adelante en solitario el punto en el que se pide al Ejecutivo que amplíe «al máximo que sea posible» la tasa de reposición del personal funcionario al servicio de las administraciones públicas locales.

El portavoz del PSOE, Francisco Conejo, subrayó que es «el momento de la segunda descentralización, de la apuesta por el municipalismo». Un argumento en el que ha coincidió con la portavoz del PP, Francisca Caracuel, quien sostuvo que el municipalismo es «la asignatura pendiente de nuestra democracia».

El debate derivó en el análisis sobre el papel de las diputaciones, y en este punto la diputada de Ciudadanos, Teresa Pardo, reiteró que su partido está a favor de la supresión de las diputaciones, pero no de sus servicios. En este punto, desveló que en el acuerdo de su partido a nivel nacional con el PP «hemos rebajado en 1.000 millones de euros en las diputaciones, sin mermar los servicios». Un punto que matizó el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, al precisar que es una propuesta para eliminar duplicidades en las administraciones y que no es sólo referente a las diputaciones. En este punto, Conejo advirtió de que de materializarse ese recorte la Diputación malagueña sufriría «un tijeretazo» del 20% en sus ingresos provenientes del Estado.

Por otro lado, los grupos de la oposición (PSOE, IU, Ciudadanos y Málaga Ahora) tumbaron la moción del PP sobre las enmiendas al presupuesto de la Junta de Andalucía de 2017 para que se incluyeran en las cuentas los proyectos pendientes en la provincia. La portavoz popular, Francisca Caracuel, defendió la iniciativa con el argumento de que Málaga es la que más aporta por ciudadano a las arcas regionales y la que menos recibe.

Un planteamiento que provocó las críticas del resto de grupos, especialmente de los socialistas. Conejo acusó al PP de Málaga de «nacionalistas e independentistas» por utilizar los mismos argumentos que esgrimen los independentistas de Cataluña. «No me esperaba que el PP se convirtiera en un partido nacionalista», dijo el portavoz del PSOE.

En este sentido, el vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, remarcó: «Soy nacionalista malagueño como lo es el grupo popular ante la dejación de funciones del nacionalismo sevillano respecto a Málaga. No es malo reivindicar los derechos de Málaga». Guzmán Ahumada, portavoz de IU, reprochó al PP su discurso «de insolidaridad» entre los territorios de Andalucía.

El pleno aprobó por unanimidad el compromiso de todos los partidos para consensuar durante la legislatura la estrategia política en la lucha contra la violencia de género y aumentar cada año las partidas necesarias para sensibilizar y trabajar en la prevención contra esta lacra.