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Nuria Triguero
Viernes, 18 de noviembre 2016, 00:34
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Anteayer le cortaron la luz en su casa por impago. Y ayer el cartero le entregó sendas notificaciones de la Agencia Tributaria anunciando el embargo de las dos viviendas que tiene a su nombre: una en Álora, donde vive con su marido desempleado como ella y otra en Málaga, donde reside su hijo, que tampoco tiene trabajo. El motivo es una deuda con Hacienda de 1.797,81 euros, procedente de la declaración de la renta de 2015, que Paqui Postigo no ha pagado. «Vivo con 316 euros al mes: los 426 del paro menos los 110 que tengo que destinar a la Seguridad Social. ¿Cómo voy a pagar?», inquiere.
Esta extrabajadora de Hitemasa de 61 años debería cobrar 1.000 euros más al mes: los del seguro colectivo de rentas que suscribió, junto al resto de sus compañeros, en el momento en que fue despedida de la empresa textil (en 2004), con el fin de complementar las exiguas prestaciones que les iban a quedar. La sucesiva quiebra de la aseguradora con la que firmaron dicha póliza (Persnal Life) y de la que después la heredó (Apra Leven) dejó a estos prejubilados sin cobertura. Ya van 22 meses sin cobrar; en el caso de Paqui Postigo, la cantidad «perdida» hasta ahora supera los 22.000 euros. «Hay muchas familias que están en una situación muy difícil», añade.
El pasado marzo, se aprobó en el Parlamento andaluz una ley para habilitar unas ayudas extraordinarias que palien la difícil situación de los afectados por el ERE de Hitemasa. Sin embargo, el dinero aún no ha llegado a sus cuentas bancarias. Los numerosos trámites necesarios, entre ellos una auditoría externa de la situación de la póliza y de los asegurados, han retrasado la materialización de las ayudas. Según explicó ayer a SUR el delegado provincial de Empleo, Mariano Ruiz, el procedimiento está «casi cerrado», una vez recibida toda la documentación de la auditora y la aseguradora. Las ayudas, aseguró, van a abonarse «antes de final de año». «Se va a pagar el 75% este año y el 25% restante en 2017», concretó.
Las ayudas se instrumentarán a través de la financiación de un contrato de seguro colectivo de renta a aquellos extrabajadores que cumplan los requisitos. La cantidad total máxima que se destinará a estas ayudas extraordinarias será de 12.955.769 euros, más los intereses de demora que elevarían el total a 13.051.232 euros. El plan de financiación establece cuatro plazos hasta 2019.
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