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ALBERTO GÓMEZ
Viernes, 18 de noviembre 2016, 00:50
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Las contradicciones de las declaraciones periciales marcaron la tercera jornada del juicio contra la presidenta de la protectora de Torremolinos, Carmen Marín, imputada por presuntos delitos de maltrato animal, falsedad documental e intrusismo profesional. Los dos agentes de la Guardia Civil que detectaron la presencia de pentobarbital, un principio activo del producto eutanásico dolethal, que Marín presuntamente inyectaba en perros y gatos para sacrificarlos con el objetivo de ahorrar costes y destinar las instalaciones a fines privados, ratificaron su informe, que revela que trece de los catorce cadáveres hallados en Parque Animal durante una inspección daban positivo por este fármaco. Cuando el mencionado informe de la Guardia Civil y las declaraciones de las dos primeras sesiones parecían haber puesto contra las cuerdas a la defensa, la abogada de Marín encontró ayer un inesperado balón de oxígeno en las continuas contradicciones periciales.
La mayoría de declaraciones giraron en torno al doble uso de dolethal, que suele utilizarse como eutanásico pero también puede tener un efecto únicamente anestésico si se inyecta en dosis bajas. El presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, Antonio Villalba, reconoció haber calculado el número de animales sacrificados en Parque Animal según una media entre los litros de doltehal adquiridos por la protectora y el peso medio de los perros y gatos encontrados. Esta cifra, que asciende a más de 2.800 víctimas, aparece reducida a 2.183 animales en el escrito de acusación del Ministerio Público. La defensa, que sostiene que no fueron más de 400 y siempre por prescripción veterinaria, presentó listados de incineraciones en los que la mayoría de perros pesaban más que la media de diez kilos que figura en el citado cálculo.
Villalba aseguró que, al ser suministrado por vía intramuscular, como presuntamente hacía Marín, el dolethal produce «una muerte más lenta» en los animales, además de provocar necrosis y dolor local en el lugar del pinchazo. En cuanto a la inyección de dosis bajas, Villalba afirmó que este fármaco «sigue haciendo efecto a ritmo bajo» hasta la muerte del animal y, posteriormente, que «tiene un efecto anestésico». El juez rechazó la petición de la defensa de seguir preguntando al representante de los veterinarios malagueños tras detectar varias contradicciones en su declaración, pese a que el Colegio de Veterinarios está personado en la causa como acusación.
Ética
Un catedrático en Medicina Animal de la Universidad de Granada aclaró que la dosis preceptiva para asegurar la muerte del animal «no es la única dosis letal», ya que el efecto eutanásico puede alcanzarse suministrando menos producto del recomendado. Este perito confirmó que, por vía intramuscular, el dolethal «produce un padecimiento que puede ser extremo», además de otras consecuencias como asfixia, parálisis muscular y parada respiratoria mientras el animal sigue consciente. En este punto, la defensa recalcó la ausencia de estudios sobre los posibles efectos de este producto en bajas dosis, a lo que el perito respondió que un estudio de ese tipo «no sería ético».
La declaración pericial aportada por la abogada de Marín redundó en el argumento de que el dolethal puede usarse como anestésico «cuando se inyecta por la vía correcta» pero también «puede producir necrosis». Por último, el presidente del Colegio de Veterinarios de Cádiz, Federico Villaplana, explicó que las consecuencias fisiológicas de la inyección de un fármaco eutanásico en dosis bajas pasan por la disminución de la frecuencia cardiaca y la asfixia, a la vez que producen «una muerte más lenta» en los animales.
En la sesión también se mostraron varias pruebas audiovisuales y se escuchó una grabación telefónica en la que un excolaborador de Parque Animal comunica haber encontrado al dueño de dos perros entregados unas horas antes. Aunque en un primer momento le citan para acudir con el propietario a recoger a ambos animales, desde la protectora aseguran en otra llamada que los perros ya han sido adoptados «por un alemán», algo que despertó las sospechas del hombre: «Ya no me fío de vosotros». La ley prohíbe que los animales sean entregados en adopción en un plazo mínimo de diez días después de su recepción.
El juicio se retomará el 9 de diciembre con las declaraciones de los agentes del Seprona que no pudieron declarar el martes por falta de tiempo y con las conclusiones de todas las partes. El juez dejará entonces el caso visto para sentencia.
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