Diario Sur

José Manuel Martín Alba, ayer en la Ciudad de la Justicia de Málaga. :: ñito salas
José Manuel Martín Alba, ayer en la Ciudad de la Justicia de Málaga. :: ñito salas

El juicio del 'caso Arcos' arranca con ocho acuerdos de conformidad

  • La defensa del exalcalde de Alcaucín pide la prescripción de más de 60 presuntos delitos y la nulidad de las escuchas sobre blanqueo de capitales

Casi una hora necesitaron los oficiales de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, donde ayer dio comienzo el macrojuicio del 'caso Arcos' contra la corrupción urbanística en Alcaucín, para ordenar la entrada y asistencia a la primera de las 64 sesiones del juicio oral de los abogados y acusados. En total, casi 65 letrados, entre abogados defensores y acusaciones particulares, además de los 48 investigados.

Tal y como estaba previsto, la sesión arrancó con los acuerdos de conformidad de algunos de los acusados. En concreto, ocho de los 48 imputados mostraron su conformidad con la acusación. En este grupo se encuentra el exsecretario municipal, acusado por delitos de falsedad; y las dos hijas del exalcalde, José Manuel Martín Alba, procesadas por blanqueo de capitales. El acuerdo alcanzado por los ocho acusados con el Ministerio Fiscal con las defensas ha supuesto una rebaja de las penas de prisión y multa solicitadas inicialmente.

Así, una de las hijas del exalcalde, acusada de un delito de blanqueo imprudente, ha aceptado una condenada a seis meses de prisión y multa de 4.500 euros. La otra, acusada ademas de un delito de blanqueo doloso, consigue con el acuerdo de conformidad una pena de seis meses de cárcel y multa de 20.000 euros, así como el decomiso de un inmueble. En ambos casos, los abogados han pedido sustituir la condena de prisión por multa. En cuanto al exsecretario municipal, el acuerdo conlleva la rebaja de la condena de multa al mínimo.

En el banquillo de los acusados se sientan después de la primera sesión, una vez restados los ocho acuerdos de conformidad, sólo 39 personas además del exalcalde. De hecho, los investigados que aceptaron las penas gracias al acuerdo alcanzado con la Fiscalía pudieron abandonar la sala, junto con sus abogados. Ello no significa que algunos no tengan que comparecer para declarar en futuras sesiones si así lo solicitan algunas de las partes.

Acto seguido, el presidente del Tribunal comenzó a nombrar uno a uno a los abogados de los acusados para que pudieran hacer constar las alegaciones y exponer las cuestiones previas. Así, el abogado defensor del principal acusado y exalcalde de Alcaucín, José María Ramírez Pedrosa, se refirió a que buena parte de los delitos de falsedad y prevaricación (54) de los que acusan a su defendido han prescrito. Asimismo, en cuanto a la falsedad, indicó que la máxima intervención de Martín Alba había consistido en dar el visto bueno a documentos o certificados redactados por el entonces secretario del Ayuntamiento.

Ramírez Pedrosa señaló, por otra parte, que su cliente no ha podido defenderse respecto a once delitos de falsedad, prevaricación y prevaricación urbanística durante la instrucción, debido a que no se le tomó declaración, instando a la nulidad de varios autos.

El letrado solicitó también la nulidad de las intervenciones telefónicas realizadas a partir de febrero de 2009 por la Guardia Civil sobre blanqueo de capitales. El abogado argumentó que no existe auto previo motivando la ampliación de la investigación y las escuchas respecto a este delito. José María Ramírez indicó que se trata de un hecho relevante, ya que sobre la base de dichas escuchas se solicitó la entrada y registro en el domicilio del exalcalde y del Ayuntamiento. También alegó que se le acusa de hechos por los que ya está siendo juzgado en otra causa.

Cuestiones previas

Casi todos los abogados alegaron también cuestiones previas relacionadas con la vulneración del derecho de defensa, delitos prescritos, acusaciones sorpresivas sobre las que los acusados no se han podido defender durante la instrucción, que ha corrido a cargo del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez, y nulidades del auto de apertura y de procesamiento así como de algún registro. Sobre todas estas cuestiones previas deberá pronunciarse el Tribunal encargado de la macrocausa, aunque se desconoce si lo hará ahora o al final del juicio.

El letrado, José Carlos Aguilera, defensor del arquitecto José Mora, se quejó de que las defensas no han tenido acceso a miles de folios, consistentes en pruebas documentales e informes periciales. En este sentido, pidió al Tribunal que elevara una queja a la Consejería de Justicia e Interior. El presidente de la Sección Tercera indicó que ya habían pedido que sean escaneados los tomos que faltan.

La vista oral continuará hoy martes con la intervención del resto de los letrados para plantear las cuestiones que consideren oportunas.

Por otra parte, la Asociación de la Prensa y el Colegio de Periodistas en Málaga apoyaron ayer a los profesionales que están cubriendo la información de este juicio en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, especialmente a los periodistas gráficos que están viendo limitado su derecho a entrar en la sala de vistas y en la sala de prensa, a pesar de que la información de los juicios en los medios de comunicación es un derecho protegido constitucionalmente y sobre el que se ha pronunciado favorablemente tanto el Tribunal Constitucional como el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).