Diario Sur

La Fiscalía archiva la investigación sobre supuesto enchufismo en Limasa

Belmonte, en la comisión de investigación. :: salvador salas
Belmonte, en la comisión de investigación. :: salvador salas
  • El Ministerio Público asegura que «no existe fundamento» que apunte a que los partidos políticos hayan colocado a trabajadores

La Fiscalía de Málaga ha archivado la investigación abierta a finales de abril para esclarecer si se han producido casos de enchufismo en Limasa por parte de los partidos políticos. Tras centrarse las pesquisas en las contrataciones realizadas desde 2011 ya que todo lo anterior estaría prescrito, el Ministerio Público ha decidido cerrar las diligencias «al considerar que no existe fundamento para ejercitar acción alguna» por un supuesto delito de tráfico de influencias. La investigación se inició a raíz de que el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga acudiera a la Fiscalía para pedirle que profundizara en las declaraciones del presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, que en la comisión de investigación de Limasa aseguró que le constaba que los partidos políticos han colocado a trabajadores en la empresa y que se trataba de una práctica consentida también por empresa y sindicatos - «todos hemos estado dentro de ese juego», llegó a decir. Tras haber citado como testigos tanto al dirigente sindical como al jefe de Recursos Humanos de la entidad, y después de haber requerido documentación a la empresa, la Fiscalía ha optado por archivar las diligencias.

En su escrito, el fiscal dice que su labor no consiste en revisar la política de contratación que se lleva a cabo en Limasa «a fin de comprobar si se ajusta o no a los criterios de igualdad, mérito y capacidad» que deben regir en la Administración pública (Limasa es una mercantil, puesto que el 51% del capital es privado), sino en «valorar si se dan o no indicios y elementos delictivos que justifiquen el ejercicio de la acción penal». Según su valoración, la imputación de un posible delito de tráfico de influencias «tropezaría» con el hecho de que Limasa es una empresa mercantil, a pesar de que «eso no significa que las autoridades municipales carecieran necesariamente de toda capacidad decisoria en la gestión».

En el decreto de archivo, el fiscal afirma que, cuando fue citado a declarar, Belmonte «negó que haya existido un sistema de contratación a base de cupos, conocido como 80-20», en el que supuestamente la empresa cubría el 80% de las vacantes y el 20% restante quedaba en manos de los sindicatos. En cuanto al proceso de selección y la posible implicación de partidos políticos, el presidente del comité reculó en su testimonio. «Dijo que hasta el cierre de la bolsa de personal en 2013 pudo darse alguna situación anómala en que la empresa decidiera a espaldas del comité y prescindiendo del criterio de los días cotizados, pero no afirmó ni descartó que ello se debiera a recomendaciones de los políticos, pues carecía de pruebas documentales, asegurando que nunca vio listas de contratados impuestas por partidos o miembros del consejo de administración», afirma el órgano judicial.

También declaró como testigo en dos ocasiones el director de Recursos Humanos, Luis Martín, «explicando los procedimientos de contratación, aportando información sobre casos concretos por los que fue preguntado y negando las irregularidades denunciadas».