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La Fiscalía de Málaga archiva la denuncia por enchufismo en Limasa

Trabajadores de Limasa en el Centro de Málaga (archivo).
Trabajadores de Limasa en el Centro de Málaga (archivo). / Fernando González
  • El Ministerio Público asegura que "no existe fundamento" para mantener abierta la investigación

La Fiscalía de Málaga ha archivado la investigación abierta a finales de abril para esclarecer si se han producido casos de enchufismo en Limasa. Tras centrarse las pesquisas en las contrataciones realizadas desde 2011, ya que todo lo anterior estaría prescrito, el Ministerio Público ha decidido cerrar las diligencias “al considerar que no existe fundamento para ejercitar acción alguna”.

La investigación se inició a raíz de que el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga acudiera a la Fiscalía para pedirle que profundizara en las declaraciones del presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, que en la comisión de investigación de Limasa afirmó que los partidos políticos han interferido para colocar a trabajadores en la empresa mixta de limpieza. Tras haber citado al dirigente sindical y al jefe de Recursos Humanos de la entidad, y después de haber requerido documentación a la empresa, la Fiscalía ha optado por archivar las diligencias.

En su escrito, el fiscal dice que su labor no consiste en revisar la política de contratación que se lleva a cabo en Limasa “a fin de comprobar si se ajusta o no a los criterios de igualdad, mérito y capacidad” que deben regir en la Administración pública (Limasa es una mercantil, puesto que el 51% del capital es privado), sino en “valorar si se dan o no indicios y elementos delictivos que justifiquen el ejercicio de la acción penal”. Según su valoración tras las pesquisas realizadas, la imputación de un posible delito de tráfico de influencias “tropezaría” con el hecho de que Limasa es una sociedad mercantil, a pesar de que “eso no significa que las autoridades municipales carecieran necesariamente de toda capacidad decisoria en la gestión”.

En el decreto de archivo, el fiscal asegura que, cuando fue citado a declarar, Belmonte “negó que haya existido un sistema de contratación a base de cupos, conocido como 80-20”, en el que supuestamente la empresa cubría el 80% de las vacantes y el 20% restante quedaba en manos de los sindicatos. En cuanto al proceso de selección y la posible implicación de partidos políticos, el presidente del comité se desdijo. “No afirmó ni descartó que ello se debiera a recomendaciones de los políticos, pues carecía de pruebas documentales, asegurando que nunca vio listas de contratados impuestas por partidos o miembros del consejo de administración.

También declaró como testigo en dos ocasiones el director de Recursos Humanos, Luis Martín, “explicando los procedimientos de contratación, aportando información sobre casos concretos por los que fue preguntado y negando las irregularidades denunciadas”.

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