Diario Sur

Una juez decidirá si Del Cid se hace cargo de las deudas de las empresas de su marido

  • La sentencia condenó al grupo a que le paguen a una exempleada más de 126.000 euros por despido improcedente y los salarios que no fueron abonados, y otros 20.300 euros en concepto de intereses y costas

En medio de la vorágine del día a día que supone la vida política, la número dos del PP en Málaga y presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Margarita del Cid, se encuentra envuelta en un incómodo asunto judicial relacionado con su marido. Se trata de la ejecución de una sentencia en la que se acabó condenado al grupo de empresas del esposo de Del Cid a que le paguen a una exempleada más de 126.000 euros por despido improcedente y los salarios que no fueron abonados, y otros 20.300 euros en concepto de intereses y costas.

En concreto, lo que tiene que determinar ahora la juez titular del Juzgado de lo Social número 13 de la capital es si da el visto bueno a que la responsable popular se haga cargo de las deudas contraídas por las sociedades de su marido, tal y como ha solicitado la extrabajadora que fue despedida.

Para ello se había solicitado que ayer prestase declaración, algo que finalmente no hizo. La popular entregó un poder a otra persona para que respondiese a las preguntas por ella, aunque la parte demandante rechazó esta postura y la prueba, al entender que las cuestiones eran de carácter personal y tenía que responder ella. Sin la responsable del PP en la Sala, quien tomó la palabra fue su abogado para pedir a la magistrada que desestimase la petición de que se extienda la ejecución de la sentencia, ya que es una cuestión que se plantea por la parte demandada «a sabiendas de que está en régimen de separación de bienes desde 2011». Asimismo, el letrado se refirió a una sentencia del Supremo para asegurar que la solicitud no es procedente, ya que los hechos tuvieron lugar antes de la demanda, el juicio y la sentencia.

La abogada que representa a la parte demandante insistió en que la separación de bienes no debe impedir que Del Cid se haga cargo de las deudas de las empresas de su marido, ya que precisó que las pruebas aportadas ponen de manifiesto que había gastos familiares que eran abonados con cargo a las sociedades de éste.