Diario Sur

El interventor municipal avala la consulta sobre los terrenos de Repsol

Terrenos de los antiguos depósitos de Repsol, en la avenida de Juan XXIII. :: francis silva
Terrenos de los antiguos depósitos de Repsol, en la avenida de Juan XXIII. :: francis silva
  • El equipo de gobierno contrarresta el informe que ha guardado tres meses con otros encargados a Economía y Urbanismo para decir que es «inviable»

«La consulta popular tendente a modificar las determinaciones urbanísticas de los terrenos de Repsol no afecta a la hacienda local, sin perjuicio de las consecuencias económicas que pudiera ocasionar». Éste es dictamen que la Intervención General del Ayuntamiento emitió el pasado 18 de julio para despejar las dudas planteadas sobre la viabilidad de dejar en manos de los malagueños el futuro de la parcela. Un informe que desde entonces ha permanecido oculto al resto de grupos políticos tal y como reveló SUR, y que no fue hecho pública hasta ayer por el equipo de gobierno del PP, justamente después de recibir otro informe encargado al Área de Economía para contrarrestarlo y así mantener su tesis de que la consulta popular que el Pleno aprobó convocar por unanimidad es «inviable». Y de paso, su apuesta por el proyecto de los rascacielos de viviendas y un parque de 70.000 metros cuadrados, frente a la postura de los grupos de izquierdas (PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente) de destinar toda la finca a un bosque urbano, o la solución intermedia que propone Ciudadanos.

En su dictamen, la Intervención General recuerda que la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local establece que no podrán someterse a consulta aquellas materias relativas a las arcas municipales, pero considera que «la expresión 'hacienda local' debe interpretarse de la forma más razonable y respetuosa con la consulta», por lo que «no es posible excluir un asunto porque tenga mayor o menor incidencia económica». En este sentido, puntualiza que «si fuera así, prácticamente se vaciaría de contenido esta vía de participación pues resulta difícil o prácticamente imposible que un asunto no tenga consecuencias económicas». A su juicio, las excepciones que establece la normativa estatal al hablar de hacienda local se refieren a la aprobación del presupuesto, el establecimiento de impuestos o la aprobación de ordenanzas fiscales.

Quebranto de 94,7 millones

Como también avanzó este periódico, a raíz del pronunciamiento del interventor, el Área de Participación Ciudadana solicitó el 26 de septiembre a Economía que aclarara esas «consecuencias económicas». Este documento ha llegado esta semana y en él, el director general de Economía, Rafael Sequeira, ratifica las palabras del interventor cuando asegura que no afecta a la hacienda local, pero sí que pone el acento -«quizás más», remarca- en el perjuicio económico que supondría para el Ayuntamiento renunciar a la edificabilidad de tres de las cuatro torres que le pertenecen en esta finca de 177.548 metros cuadrados ubicada entre las avenidas de Europa y Juan XXIII.

En este sentido, se agarra a otro informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo que estima el posible perjuicio económico en 94,7 millones sin contar las indemnizaciones al resto de propietarios: la Sareb o 'banco malo', que posee los derechos de la torre más alta donde iría un hotel tasada en 53,4 millones; y el grupo inmobiliario Yeregui, titular del suelo para las 400 VPO, valorado en otros 11,4. Unos «importantes efectos económicos» que, a juicio del funcionario, «provocarán casi con total seguridad que este Ayuntamiento superaría el techo de gasto» a no ser que aumentaran los ingresos vía impuestos o se adoptaran «severas medidas» de reducción del gasto municipal en servicios públicos.

Planeamiento ya aprobado

Si se une que en Urbanismo descartan la opción de trasladar la edificabilidad para no tener que renunciar a estos ingresos puesto que «no hay otro tipo de suelo municipal capaz de albergar tal cantidad de aprovechamiento» que todo el planeamiento urbanístico está aprobado desde 2012 por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, y que la ley autonómica de participación ciudadana establece que en ningún caso podrán someterse a consulta popular local asuntos cuando alguna de las opciones a escoger resulte contraria al ordenamiento jurídico, como sería el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el equipo de gobierno interpretan que de estos informes se desprende la «inviabilidad jurídica, técnica y económica» de celebrar una consulta popular. Ésta es la postura que el gobierno municipal defenderá el lunes 24 en la mesa de trabajo constituida por todos los grupos políticos y colectivos vecinales para definir la consulta ciudadana. La alternativa del sondeo o encuesta no convence, así que todo apunta a que el futuro de los terrenos seguirá bloqueado hasta que haya un acuerdo político.

Tras recibir al mediodía de ayer el informe que venía solicitando durante las últimas semanas, el grupo municipal de IU-Málaga para la Gente acusó al alcalde, Francisco de la Torre, de «boicotear» la consulta y le exigió su celebración. «Han ocultado durante tres meses un informe del interventor que avala la realización de una consulta , así que lo que tiene que hacer el equipo de gobierno es cumplir lo acordado en el Pleno, que no es otra cosa que celebrar la consulta ciudadana», expuso su portavoz, Eduardo Zorrilla, quien aseguró que «no hay motivos para paralizar la convocatoria». En este sentido, el edil afeó al gobierno municipal que no haya hecho público el pronunciamiento de la Intervención «a la espera de disponer de otro que les diera a ellos la razón».

En la misma línea, la concejala del PSOE, Estefanía Martín Palop, opinó que «el informe del interventor demuestra que el equipo de gobierno del PP ha engañado a los malagueños, que no les quiere escuchar porque no quiere un gran parque en Repsol». En este sentido, reafirmó la apuesta socialista de destinar toda la finca a un bosque urbano, incidiendo en que «las cargas urbanísticas en esos terrenos se pueden trasladar a otro lugar de la ciudad como se hizo en Arraijanal».