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El interventor avala la consulta popular sobre los terrenos de Repsol
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El interventor avala la consulta popular sobre los terrenos de Repsol

  • El equipo de gobierno aporta sendos informes de Urbanismo y Economía para advertir del quebranto económico de renunciar al proyecto residencial, por lo que considera inviable la consulta

Aunque lo tenía en su poder desde mediados de julio tal y como desveló SUR, no ha sido hasta este mediodía cuando el equipo de gobierno ha hecho público el informe solicitado a la Intervención General del Ayuntamiento sobre la viabilidad de realizar una consulta popular para decidir el futuro de los terrenos de Repsol. Pues bien, en ese dictamen, el habilitado nacional concluye que la consulta “no afecta a la Hacienda local, sin perjuicio de las consecuencias económicas que pueda ocasionar”. En su argumentario,el interventor afirma que “la expresión 'hacienda local' debe interpretarse de la forma más razonable y respetuosa con la consulta”, por lo que considera que “no es posible excluir un asunto porque tenga mayor o menor incidencia económica”. En este sentido, remarca que “si fuera así, prácticamente se vaciaría de contenido esta vía de participación pues resulta díficil o prácticamente imposible que un asunto no tenga consecuencias económicas”.

Como también avanzó este periódico, a raíz del pronunciamiento del interventor, el equipo de gobierno solicitó un informe al Área de Economía para aclarar esas consecuencias económicas. Este documento ha llegado esta semana y en él, el director del Área de Economía ratifica las palabras del interventor cuando asegura que no afecta a la hacienda local, pero sí que pone el acento en las consecuencias económicas que pudiera ocasionar. En este sentido, se agarra a otro informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo que cifra en 97,4 millones de euros el perjuicio económico que supondría para las arcas municipales renunciar al proyecto de las torres de viviendas, por lo que augura que “dicho quebranto supondría con total seguridad que este Ayuntamiento superaría el techo de gasto” a no ser que aumentara los ingresos vía impuestos.

Si a esto se une otro dictamen de Urbanismo sobre la “imposibilidad” de trasladar la edificabilidad de los terrenos de Repsol a otro punto de la ciudad, que todo el planeamiento urbanístico está aprobado desde 2012 por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, y que la ley andaluza que regula las consultas indica que en ningún caso podrán someterse a consulta popular local asuntos cuando alguna de las opciones a escoger resulte contraria al ordenamiento jurídico, en el equipo de gobierno interpretan que de estos informes se desprende la “inviabilidad jurídica, técnica y económica” de celebrar una consulta popular.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha criticado duramente al alcalde y su equipo por haber ocultado durante tres meses el informe del interventor que avalaba la viabilidad de realizar la consulta. Zorrilla ha exigido al equipo de gobierno que cumpla lo acordado en el pleno, que no es otra cosa que celebrar la consulta ciudadana, y que el documento de Intervención avala, a la vez que da la razón a su grupo político.