Diario Sur

La Junta culpa ahora a los ayuntamientos de la comarca de Málaga de los vertidos residuales en el Guadalhorce

Estado que presenta el río Guadalhorce a su paso por Estación de Cártama.
Estado que presenta el río Guadalhorce a su paso por Estación de Cártama. / Sur
  • Medio Ambiente dice que la depuradora pendiente desde hace una década no se construye porque no tiene garantías de que los municipios asuman los gastos de mantenimiento

Después de mantener el proyecto guardado en un cajón durante más de una década, la Junta de Andalucía se escuda ahora en los ayuntamientos de la comarca para justificar por qué aún no ha ejecutado las obras hidráulicas necesarias para que el río Guadalhorce deje de ser el sumidero donde cada día van a parar las aguas fecales e industriales que generan los municipios de Cártama, Alhaurín el Grande, Coín, Álora y Pizarra, que suman una población de cien mil habitantes. El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, aseguró ayer que si la depuradora del Bajo Guadalhorce (5,9 millones) y los colectores que la conecten con los distintos núcleos urbanos (5,7 millones) no es a día de hoy una realidad es, por un lado, por «los modificados técnicos sufridos en los últimos años, muchos de ellos fruto de la poca implicación que las entidades locales afectadas han tenido», en referencia a las idas y venidas de Coín en su idea de contar con una depuradora propia que finalmente descartó por motivos económicos y a las dificultades de los municipios a la hora de acometer las expropiaciones tanto para la planta como para los 28 kilómetros de tuberías. Y por otro lado, porque a su juicio no está garantizado que los tres ayuntamientos afectados (Coín, Álora y Pizarra) vayan a costear su mantenimiento, a pesar de que los tres municipios han suscrito un convenio con Medio Ambiente en el que se comprometen a asumir los gastos de explotación de las instalaciones cuando estén listas para entrar en servicio.

Suciedad y hedor

«Tan importante es construir depuradoras para garantizar el correcto tratamiento de las aguas residuales como que una vez finalizadas entren en funcionamiento y no queden paradas como el aeropuerto de Castellón». Así contestó el consejero a las explicaciones solicitadas por IU a raíz del artículo publicado por SUR el pasado día 9 denunciando el estado que presenta el río más importante de la provincia a su paso por la comarca a la que da nombre debido a la suciedad acumulada y el hedor que desprende por el vertido de aguas residuales.

«Las poblaciones más próximas no tienen ningún filtro. Fuimos a verlo y aunque suene soez, no era un río de agua, era un río de mierda y como hemos tenido años de sequía los vertidos son masivos nos encontramos con que huele a mierda a todas horas», expuso el parlamentario de IU por Málaga, José Antonio Castro, quien pidió al Ejecutivo autonómico «certidumbre» para resolver un problema que, como recordó, también afecta a un paraje natural como es el de la desembocadura del Guadalhorce.

«La certidumbre es que estamos trabajando, que hacemos lo que podemos y que esperamos que el dinero que invierta la Junta sirva para algo», respondió Fiscal, quien además remarcó que «la responsabilidad es compartida con las entidades locales, ya que son los ayuntamientos los que tienen la competencia al respecto, siendo el papel de la Junta el de prestar auxilio». En este sentido, el dirigente autonómico garantizó que en cuanto los tres municipios constituyan el consorcio que explotará la depuradora «se acometerá la obra de mayor envergadura», refiriéndose a la construcción de la depuradora.

La reacción a estas afirmaciones llegó de boca del alcalde de Coín, quien consideró que achacar el retraso a esta circunstancia es «tener muy poca habilidad para mentir». En declaraciones a este periódico, el popular Fernando Fernández aseguró que el ente supramunicipal se constituirá cuando se acerque la finalización de unas obras que aún no han empezado y que tienen un plazo de ejecución de 17 meses. «La construcción de la depuradora ni siquiera tiene visos de comenzar, así que no tiene sentido ni urge crear un consorcio al que nos hemos comprometido por escrito», planteó el regidor.

Actualmente, la Consejería de Medio Ambiente está tramitando las expropiaciones con la idea de que en los próximos meses puedan arrancar las obras, que se financiarán al 80% con fondos europeos y el 20% restante con parte del dinero que las arcas autonómicas vienen recaudando a través del canon de depuración que desde mayo de 2011 se carga en la factura del agua de todos los andaluces.