Diario Sur

Piden tres años para Triguero y Romera por presuntas irregularidades en ayudas a Fibic

  • La Fiscalía acusa al exsecretario general de Universidades y al director del PTA de un supuesto delito de fraude contra la hacienda pública

La Fiscalía de Málaga ha solicitado tres años de prisión para el exsecretario general de Universidades, Investigación y Tecnología, Francisco Triguero; el director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera, y otras cuatro personas, por presuntas irregularidades en subvenciones concedidas a la Fundación para la Investigación del Bienestar Integral de los Ciudadanos (Fibic), en concreto, para la construcción de un centro de innovación denominado Cibic.

Así, el ministerio público les acusa por un delito contra la hacienda pública de fraude de subvenciones, y además de la pena de prisión, solicita a cada uno el pago de una multa de 2,5 millones de euros y como responsabilidad civil, que indemnicen a la Junta de Andalucía con esa cantidad. Los otros acusados son el exrector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) Juan Manuel Suárez Japón y tres personas vinculadas a la fundación o a la tramitación de las subvenciones, según el escrito provisional del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press.

La fundación se constituyó en 2007 con carácter privado sin ánimo de lucro y, con la finalidad específica de construir en unos terrenos del PTA dicho centro, recibió varias ayudas públicas tanto del Ministerio como de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. La adjudicación de la construcción del edificio se produjo en diciembre de 2008.

En 2010, según sostiene la acusación pública, la Intervención General del Estado realizó un informe financiero sobre la certificación de gastos relativa al Cibic, en el que proponía descertificar el importe de ayudas. Alegaba el incumplimiento de la finalidad de la ayuda y de la normativa nacional y comunitaria en materia de contratación.

El fiscal dice que debido a la «grave situación» económica que tenía la fundación por dichos expedientes, unido a la paralización de las obras por la constructora, en una reunión del patronato, en septiembre de 2011, constituida por el presidente Felipe Romera, el vicepresidente, Francisco Triguero, ambos patronos designados por la Consejería; y el vocal Juan Manuel Suárez Japón, acordaron solicitar a la Junta una subvención excepcional de 11,5 millones de euros.

El ministerio público señala que parte se destinaría al pago de los reintegros y 4,9 millones a terminar parcialmente el edificio y otros aspectos. Una de las acusadas, tesorera de la fundación, remitió la solicitud, «sin que hiciera mención alguna a lo acordado de destinar parte a pagar los reintegros». Esa solicitud, indica el fiscal, tenía que ser tramitada por la Secretaría General de Universidades «de la que Francisco Triguero era secretario general».