Diario Sur

Málaga, a la cola en funcionarios

Ciudadanos aguardan su turno ante las ventanillas de atención al público de la Dirección General de Tráfico en Málaga.
Ciudadanos aguardan su turno ante las ventanillas de atención al público de la Dirección General de Tráfico en Málaga. / Álvaro Cabrera
  • La provincia presenta la proporción más baja de empleados públicos por habitante en Andalucía, sobre todo en el ámbito de la Junta

  • Asociaciones de usuarios exigen a las instituciones que tomen en consideración el elevado nivel de población del territorio malagueño a la hora de dotar sus servicios

'Nuevo colapso en las urgencias de Carlos Haya’. ‘La falta de personal colapsa el Registro Civil de Málaga con esperas de más de tres semanas’. ‘Tráfico tarda más de dos meses en entregar el carné provisional a alumnos aprobados’. Los tres son titulares de informaciones recogidas por este periódico durante el pasado mes de agosto y reflejan a la perfección los resultados que arrojan las estadísticas que miden la situación del empleo público en cada una de las provincias españolas. Como era de esperar, Málaga no sale bien parada en la comparación con otros territorios, especialmente con los andaluces, en lo relativo a la proporción de trabajadores de la administración pública por habitante. Así, la provincia se coloca a la cola de Andalucía, con 22 habitantes por cada empleo público frente a los 18 de la media andaluza o los 17 de la provincia de Sevilla.

Si la comparativa se establece en relación a cada una de las tres administraciones públicas, es decir, la central, regional y local, la provincia también ocupa las últimas posiciones. La peor proporción se da en los servicios dependientes de la Junta de Andalucía, con una cobertura de 42 malagueños por cada empleo público, frente a los 35 habitantes por funcionario de la media andaluza. En el caso de los departamentos del Gobierno central, Málaga es la penúltima en cobertura de todas las provincias andaluzas, con 143 habitantes por trabajador público, solo por delante de Jaén. Y en lo relativo a la administración local, aparece la tercera por la cola, con 78 ciudadanos por funcionario, delante de Cádiz y Almería.

Algunos de estos datos, procedentes del ‘Boletín estadístico de personal al servicio de las administraciones públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas’, han sido recogidos por un estudio sobre la situación del empleo público en España realizado por Juan Manuel Ruiz Galdón, profesor de la Universidad de Málaga y gerente del órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga. Su trabajo también sitúa a Málaga dentro del grupo de territorios del ámbito nacional con menor proporción de empleados públicos por habitante, junto con Barcelona, Alicante, Girona y Tarragona.

El presidente de la Unión de Consumidores de Málaga (UCE), Jesús Burgos, lo tiene claro: «Málaga es la cenicienta de Andalucía». «A diferencia de otras provincias, los recursos humanos y materiales de las administraciones públicas se han limitado aquí la mínima expresión. El nivel de inversiones es ínfimo, por lo que los servicios públicos no están dando la respuesta que demanda la ciudadanía», argumentó Burgos. Este portavoz de los usuarios malagueños reconoció que «hay demoras que no son razonables» y puso el acento en que la raíz del problema reside en que los responsables de las diferentes administraciones públicas no son conscientes del nivel de población que tiene la provincia de Málaga, cada vez más pujante desde el punto de vista turístico tras los duros años de la crisis.

Málaga ofrece la segunda peor cobertura de personal sanitario de Andalucía, después de la provincia de Almería.

Málaga ofrece la segunda peor cobertura de personal sanitario de Andalucía, después de la provincia de Almería. / Sur

En el mismo sentido, María Dolores García, presidenta de Facua Málaga, apuntó que los recortes en los servicios públicos están llevando al territorio malagueño «a una situación límite». «La crisis ha servido como excusa para aplicar medidas de adelgazamiento del sector público que, en realidad, han implicado un beneficio para los servicios privados», opinó. Por ello, solicitó a los usuarios que se vean afectados por ello que lo denuncien por escrito ante las asociaciones de consumidores. «Eso no es ir en contra de los funcionarios, y resulta fundamental para que podamos ejercer presión desde los colectivos de usuarios para poder exigir mejoras a las administraciones en sus prestaciones», indicó García.

A la situación de desventaja que Málaga padece en lo relativo a la cobertura de servicios públicos, si se tiene en cuenta su nivel de población, hay que sumar la progresiva merma de las plantillas que sustentan los diferentes organismos de las instituciones, sobre todo en los últimos años, debido a los recortes motivados por la crisis económica. Si se comparan los datos de enero de 2010 con los de enero de este año, la provincia ha perdido un total de 3.079 empleados públicos, un retroceso del que únicamente se libran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que incrementaron sus efectivos en 353 durante este lapso, y la Universidad, con un aumento de 2.307 docentes y administrativos, lo que supone un 180% de incremento.

Disminución de personal

Esta reducción en el número de empleados públicos durante los últimos seis años también se da en el resto de provincias andaluzas, en algunos casos en mayor medida, pero tiene especial relevancia en el caso de Málaga, al encontrarse en el vagón de cola de la cobertura administrativa por población. Así, destaca la disminución en el número de efectivos de la Junta de Andalucía, con 2.638 empleados menos respecto a los de 2010, de los que 1.601 se han perdido en los servicios sanitarios (lo que supone un 9% menos de profesionales) y 383 en los centros públicos de enseñanza, sin contar los universitarios.

Tras la administración autonómica, la que más ha adelgazado en la provincia durante los últimos seis años es la local, que abarca los ayuntamientos y la Diputación Provincial. En concreto, se ha pasado de 22.669 empleos públicos en la provincia dentro de este sector en enero de 2010 a 20.845 en enero de este año, una caída de casi dos mil puestos públicos que el coordinador del sector de la Administración local de Comisiones Obreras, Julio Soriano, atribuye a las medidas puestas en marcha por el Gobierno central para controlar el gasto de los municipios. Según expuso, durante el último lustro, las leyes de presupuestos generales del Estado han impedido a las corporaciones locales cubrir los puestos de trabajo que se quedaban vacantes, por lo que la reducción de las plantillas ha sido inevitable. «Hemos pasado de una época, años atrás, en la que se podía aumentar plantilla en los ayuntamientos, a otra en la que no se puede ni mantener la que hay, y sin tener una alternativa para salir de esta situación», indicó Soriano.

Policías y bomberos

Según aclaró, las restricciones lo han sido menos, durante los dos últimos años, en el caso de los cuerpos de bomberos y policías locales, que sí han podido cubrir los puestos que se quedan vacíos por jubilaciones y otras circunstancias, pero no así para el resto de la plantilla de los ayuntamientos que, por este motivo, «ha envejecido y no se ha podido regenerar», criticó el coordinador de Comisiones Obreras. «En cambio, para este año sí se van a poder ofertar algunas plazas vacantes porque se ha permitido ocuparlas si son consideradas como esenciales por los interventores y secretarios municipales, pero las que se desocuparon años atrás no se han recuperado», expuso.

Igualmente, resaltó el daño que ha supuesto para el empleo público la aprobación en 2013 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ha llevado a la supresión de algunos servicios que perjudicaban las cuentas de los municipios. «Todo esto ha hecho que las plantillas disminuyan y ha forzado la privatización de determinadas prestaciones para poder mantenerlas», añadió Julio Soriano.