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Imagen de un acceso a las salas de Vistas en el interior de la Ciudad de la Justicia.
Los juzgados malagueños retienen 144 millones de euros por indemnizaciones, multas y fianzas

Los juzgados malagueños retienen 144 millones de euros por indemnizaciones, multas y fianzas

El dinero depositado en los órganos judiciales ha generado unos intereses de 2,1 millones de euros para el Tesoro Público

Alvaro Frías

Sábado, 30 de julio 2016, 00:38

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Enrique López, letrado de la Administración de Justicia, se encuentra en su despacho. Es primero de mes y en su mesa de trabajo se apilan un montón de papeles. «Son 200 ingresos que nos acaban de hacer», explica. El suyo es solo uno de los órganos de los que dispone Málaga, cuyos juzgados tienen retenidos en sus cuentas de depósito y consignaciones 144 millones de euros.

Son los datos más recientes de los que dispone el Ministerio de Justicia sobre el estado de estas cuentas en la provincia. Corresponden a enero de 2015, cuando esta suma se incrementó en cinco millones de euros respecto al saldo del mismo mes del año anterior.

La mayoría de los movimientos de los saldos de estas cuentas se producen en los Juzgados de Primera Instancia. Quizás las sumas que se mueven no son de una cuantía muy importante, de hecho, muchas de ellas son bastante reducidas, pero el tráfico es incesante. Cada mes, López Poyatos afirma que recibe alrededor de unos 140 ingresos de media.

El letrado de la Administración en el Juzgado de Primera Instancia número 10 de la capital señala que en estos momentos solo el saldo de la cuenta de este órgano es de más de tres millones de euros, aunque lo normal es que éste se sitúe entorno a 1,2 millones: «Hemos tenido un asunto excepcional y la suma se ha incrementado sustancialmente».

Pese a ello, apunta que las cuentas pueden ser más elevadas en los Juzgados de Instrucción o en las Secciones de la Audiencia. El motivo no es otro, por ejemplo, que en una operación antidroga se incaute en una vivienda una importante suma de dinero, que directamente va a parar a las arcas del órgano que lleve el caso.

El principal motivo de ingreso no es otro que las multas que se imponen en las sentencias contra aquellos que han cometido algún tipo de delito. Por ejemplo, alguien que haya protagonizado una agresión y se le haya impuesto una sanción económica por estos hechos, lo que acaba en las cuentas del Tesoro Público.

El mismo destino corren gran parte de los ingresos que se hacen en los juzgados cuando se registra un recurso. López Poyatos indica que para presentar uno de reposición hay que depositar 25 euros, mientras que, por ejemplo, esta suma asciende hasta 50 euros cuando es de apelación. Si la medida sale adelante, el dinero se devuelve, mientras que si no, éste también va para el Estado.

Asimismo, las indemnizaciones ocupan un lugar importante en los saldos de las cuentas de depósito de los juzgados. Estas sumas son flotantes, ya que se ingresan en el órgano judicial que posteriormente se las entrega a las personas damnificadas. Es el caso, por ejemplo, de los accidentes de tráfico o de una mala praxis médica que ha tenido consecuencias para el paciente.

Algunas de las cantidades se depositan voluntariamente, mientras que otras muchas no. Es el caso de los embargos, que se llevan a cabo para cumplir con las obligaciones que ordenan los jueces a través de sus sentencias. O, si no, a través de los autos, como en los que se imponen fianzas para eludir el ingreso en prisión.

Estas son algunas de las razones que hacen que el dinero llegue a los juzgados, donde queda retenido a la espera de ser repartido a sus beneficiarios o cobrado por el Estado. Es decir, que estas sumas no entran en juego en la economía del país, ya que están paralizadas.

De hecho, son muchos los profesionales que comparten la idea de que la Administración debería dotar de una mayor agilidad a la tramitación de los asuntos para poder hacer llegar con mayor rapidez a la sociedad estas sumas bloqueadas. «Si se funcionase de una forma más fluida ese dinero estaría antes en los bolsillos de los ciudadanos, lo que supondría un impulso para la economía del país», asevera el letrado de la Administración del Estado.

Y es que, por dar una magnitud de las cantidades, los juzgados del país tienen en sus cuentas bloqueados más de 3.500 millones de euros. Por ejemplo, en Andalucía, el dinero retenido asciende a 521 millones de euros, una suma que aumenta en el caso de los órganos madrileños, donde hay más de mil millones de euros.

Pese a que este dinero consignado no entra en juego en la economía real, el Estado sí saca partido de él gracias a los intereses. Precisamente, el criterio económico del tipo de interés es determinante principal de la adjudicación de este servicio a una entidad bancaria, según explican desde el Ministerio de Justicia.

Esos intereses que se generan van directamente a parar al Tesoro, sin quedar retenidos. Actualmente, tras la última convocatoria del concurso público que tuvo lugar en 2014, es el banco Santander quien se hace cargo del servicio, adjudicación con la que continuará, al menos dos años más.

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