La Diputación no ha iniciado aún la auditoría interna sobre el Patronato de Recaudación

La gestión de cobros del Patronato de Recaudación Provincial en lo relativo a los impuestos encomendados por la Junta de Andalucía sigue aún en entredicho. Como ha publicado este periódico en los últimos meses, la labor de este departamento de esta agencia pública de la Diputación Provincial ha sido objeto de una investigación por parte de la Fiscalía a raíz de un informe interno que destapó presuntas anomalías y dejación de funciones en la tramitación de un gran número de expedientes de cobro durante los últimos cinco años. El asunto se encuentra ya en el juzgado, al que le dio traslado el Ministerio Público, para que aclare si pudiera tratarse de un delito de prevaricación. Sin embargo, la diligencia para poner luz sobre este asunto que se ha observado en los tribunales no ha tenido el mismo ritmo en el terreno administrativo.

Así, ocho meses después de que el equipo de gobierno en el ente supramunicipal anunciara que se efectuará una auditoría interna, a cargo del interventor y el tesorero provinciales, para esclarecer el funcionamiento de la denominada 'Zona Junta' del Patronato de Recaudación, medida que fue refrendada por el pleno de la institución, todavía no se ha puesto en marcha. Así lo reconoció ayer el vicepresidente primero de la Diputación, Francisco Salado, quien aseguró que esta auditoría «se va a realizar» pero dependerá de la iniciativa del interventor. «El pleno la aprobó y así se le ha pedido al interventor, pero no se puede olvidar que es un habilitado de carácter nacional, autónomo e independiente. El ritmo y el programa de elaboración de esas auditorías no lo marca el equipo de gobierno, lo marca el interventor con las tareas que tiene», precisó Salado.

Otras pendientes

Así, recordó que no solo está pendiente de realizarse esta auditoría sobre el Patronato, sino también otra solicitada para la empresa Turismo Costa del Sol. Asimismo, está previsto realizar análisis internos similares para el Consorcio de Bomberos y la propia Diputación. «Es el interventor el que marca la prioridad de cuál auditoría se hace primero. Hacerse se va a hacer porque está en el plan de auditorías y lo ha mandado el pleno», insistió el vicepresidente.

Cuestionado sobre si el Patronato ha recibido ya alguna notificación del juzgado que investiga el presunto delito de prevaricación apuntado por la denuncia de la Fiscalía, Salado indicó que no tiene noticias al respecto y que la tesorera del Patronato, para la que el Ministerio Público solicitó que fuera citada como investigada, «no sabe nada». Según precisó, sí acudió a declarar en el marco de los procesos judiciales abiertos por trabajadores de la agencia que denunciaron haber padecido acoso laboral. Se trata de los empleados que elaboraron el informe que puso de manifiesto las supuestas irregularidades o anomalías. «De la vía penal no se ha instruido nada nuevo», aseguró.

Salado visitó ayer, junto al diputado de Apoyo y Atención al Municipio, José Ramón del Cid, y el gerente del Patronato de Recaudación, Luis Díaz, las nuevas oficinas de atención al contribuyente habilitadas por la Diputación en la primera planta de su antigua sede, en la plaza de la Marina. Estas ventanillas han abandonado su anterior ubicación en el Parque Tecnológico, para ocupar un lugar «en el que es más fácil aparcar», destacó el vicepresidente.