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El solar de la calle Gigantes, a espaldas de Carretería, albergará 32 viviendas protegidas.
El Ayuntamiento de Málaga construirá unas 200 VPO en suelos de las 'tecnocasas'

El Ayuntamiento de Málaga construirá unas 200 VPO en suelos de las 'tecnocasas'

El Consistorio asume la realización de los pisos en tres grandes vacíos del Centro, pero cederá parte de las viviendas a la Junta de Andalucía

Jesús Hinojosa

Lunes, 6 de junio 2016, 01:18

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Cuatro meses después de que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía dieran por terminada la negociación para repartirse los suelos del fallido plan de las 'tecnocasas' -en total setenta solares y edificios ruinosos que ofrecen desde hace años una lamentable imagen del Centro Histórico- aún no han rubricado el acuerdo para plasmar en negro sobre blanco sus obligaciones para dar una salida a estas parcelas. No obstante, según fuentes consultadas, en las últimas semanas, han avanzado en los trámites para terminar de concretar el reparto de tareas. Ese reparto implica que el Consistorio asumirá el grueso de la construcción de viviendas protegidas en estos vacíos del corazón de la ciudad, si bien ya no tendrán la singularidad de contar con un espacio vinculado para el 'teletrabajo', como fueron concebidas.

Tres grandes solares que actualmente están en manos de la Junta serán cedidos al Ayuntamiento para la realización de estas casas, cuyo régimen será probablemente el del alquiler en sus diferentes modalidades. Se trata del existente en la calle Gigantes, a espaldas de Carretería; del situado entre las calles Victoria y Lagunillas; y del enclavado en la confluencia de Alta con Parras. En total, según la documentación recabada por este periódico, podrían albergar unas 180 viviendas protegidas. No obstante, tendrán la peculiaridad de que, una vez que sean terminadas y adjudicadas a sus moradores, parte de ellas -en función de una fórmula de reparto- pasarán a manos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que ha estimado en más de tres millones de euros el valor del suelo que cederá al Consistorio para la promoción de estos pisos.

Estas actuaciones compartidas constituyen uno de los apartados del convenio entre las administraciones local y regional que aún está por rubricar de forma definitiva, según confirmó el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, quien estimó que, una vez que sea firmado, tardará unos tres o cuatro años en llevarse a la práctica.

Equipamientos

Otros puntos del acuerdo hacen alusión a suelos que se destinarán a equipamientos de carácter cultural previstos desde hace años por el Ayuntamiento, como la puesta en valor de lo poco que queda de la casa natal de Cánovas del Castillo y la ampliación del Museo del Vidrio con un espacio dedicado a la cerámica medieval. La ciudad tendrá que pagar por estas y otras fincas destinadas a viario y zonas verdes a la Junta, y abonar expropiaciones pendientes que pesan sobre ellas. Con ese dinero, la Administración regional financiará parte de la adquisición de parcelas que pactó con el Ayuntamiento en 2005 y que aún no ha completado, hasta el punto de que se ha cifrado en casi ocho millones de euros el dinero que debe a sus propietarios. También podría cubrir parte de esta cantidad con la venta de algunos de los solares expropiados, siempre que sus anteriores dueños renunciaran a la reversión de las fincas. De los pagos pendientes, destacan casi un millón de euros por edificios situados entre las calles Gaona y Dos Aceras, y más de dos millones de euros por solares en la calle Cobertizo del Conde.

Pomares explicó que la Consejería de Fomento y Vivienda tiene especial interés por promover directamente las viviendas que podrían realizarse en este último suelo, si bien no descartó que también en este caso pudiera hacerse una gestión compartida con el municipio, y por recuperar el conocido como 'corralón de las dos puertas', entre las calles Rosal Blanco y Curadero, en El Molinillo.

No obstante, todo dependerá de que pueda llevarse a buen término este nuevo acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta para redistribuir los deberes que estas mismas administraciones se impusieron hace once años y que no han llevado finalmente a la práctica, lastrando con ello el futuro de un decenas de fincas del entorno más inmediato del casco antiguo que, de otro modo, tal vez podrían estar hoy desarrolladas y puestas en valor. Ahora tendrán que hacer frente a las posibles reclamaciones por daños y perjuicios que podrían presentar sus anteriores propietarios, posibilidad que se recoge en el convenio que está en tramitación.

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