¿Una Limasa pública o privada? Pros y contras de ambos modelos

El Ayuntamiento de Málaga pretende tener decidido este verano si el servicio de limpieza y recogida de basuras se deja por completo en manos privadas o, por el contrario, se asume como público. Lo único que parece claro es que cuando concluya el contrato actual en abril de 2017 no se va a repetir el modelo mixto. Al margen del debate político, los informes que se están elaborando constatan que cada sistema tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes.

A priori, el principal beneficio de la municipalización sería el ahorro de los seis millones que cada año se pagan de IVA por la mano de obra, una reducción de gastos que se sumaría a la que la supondría la eliminación en el nuevo contrato (independientemente del modelo) de dos cláusulas que generan un importante sobrecoste para las arcas municipales: la aportación de unos 9 millones anuales para equilibrar las cuentas de una entidad que está obligada a dar unos beneficios del 2%; y el polémico canon de asistencia técnica, un concepto que amparado en tareas de asesoramiento legal, técnico e informático les reporta cada año a los privados el 2,5% del volumen de negocio (siempre por encima de los dos millones de euros). A esto se sumaría la reducción del gasto en personal (61,6 millones en 2015, incluidos los seguros socialesal equipararse las retribuciones a las de los trabajadores del Ayuntamiento de la misma categoría.

En el plano negativo, y con bastante peso para el gobierno local, el mayor 'handicap' estaría en la potente inversión que habría que realizar en los próximos años para acometer la necesaria modernización del parque móvil (medio millar de vehículos entre camiones, tractores y maquinaria) ya que la mayoría de la flota no se renueva desde el inicio de la concesión en 2001; y también de los contenedores, un gasto que en caso de privatización sería asumido por la empresa a la que se adjudicara la concesión. Por otra parte, con el modelo público se pierde capacidad de respuesta al estar sujeta cualquier decisión a procedimientos administrativos y a la disponibilidad presupuestaria.