Diario Sur

Obligan a devolver  a un matrimonio el dinero que entregó  a Aifos por un piso

Obligan a devolver a un matrimonio el dinero que entregó a Aifos por un piso

  • El juzado condena al Banco Popular a abonar a la pareja los 58.000 euros que pagó a la promotora por una vivienda

El Juzgado de Primera Instancia número 18 de la capital ha condenado al Banco Popular a abonar 58.000 euros, más los intereses legales, a un matrimonio británico que pagó la citada suma por una vivienda que nunca llegó a construirse. En la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, se explica que la entidad que se encargaba de la promoción era Aifos.

El matrimonio firmó un contrato de compraventa con Aifos en enero de 2004, por una vivienda situada en el conjunto residencial Hacienda Casares, situado en la citada localidad, por un precio total de 167.936 euros. De ellos, los demandantes, que han estado representados por el despacho de abogados Martínez-Echevarría, llegaron a abonar 58.071 euros.

Al respecto, desde el despacho explicaron que Banco Popular es el responsable solidario de la promoción al ser el depositario o garante genérico de estas cantidades y no entregar ningún tipo de aval bancario individual que respaldara situaciones como las que finalmente se produjeron, como la no construcción ni entrega de estas viviendas.

La situación que ha vivido este matrimonio no es excepcional, de hecho a finales del año pasado un centenar de familias presentaron en los juzgados una demanda contra a una veintena de bancos que recibieron el dinero que anticiparon a la promotora Aifos, actualmente en liquidación, para comprar sus viviendas. Las casas no se construyeron y tampoco les devolvieron lo que habían adelantado.

Los afectados, que en total se estima que pueden ascender a unas 3.000 personas, reclaman a las entidades financieras que asuman su responsabilidad, ya que no garantizaron con un aval las cantidades entregadas a cuenta para sus pisos, tal y como obliga la ley tanto a la promotora como al banco. Por ello, en las demandas, se les reclama la devolución del dinero que adelantaron, una media de 50.000 euros por familia, además de los intereses legales.