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Documento que se firmó en noviembre de 2013..
La Junta asegura que el alcalde actuó con «mala fe» en el tranvía al Civil

La Junta asegura que el alcalde actuó con «mala fe» en el tranvía al Civil

Fomento estudia ya las consecuencias patrimoniales para el Ayuntamiento por el bloqueo del metro en el PGOU de Málaga

Ignacio Lillo

Sábado, 30 de abril 2016, 00:45

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La escalda de tensión entre el Ayuntamiento y la Junta ha llegado a un nivel rojo. El informe de la Gerencia de Urbanismo conocido el jueves, que dictamina que el proyecto del tranvía al Hospital Civil no encaja ni en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ni en el Territorial (Potaum) ha abierto una brecha entre ambas administraciones, que pone en serio riesgo el conjunto de la infraestructura. El Gobierno andaluz comenzó ayer mismo a estudiar las consecuencias económicas multimillonarias que tendrá para esta administración y para el Consistorio. También se están analizando las cuestiones jurídicas, de cara a un más que posible recurso a los tribunales.

«Este pronunciamiento del Ayuntamiento de Málaga implica una responsabilidad patrimonial que puede tener gran alcance», advirtió el delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo. «Además de poner en cuestión la viabilidad económica y social de la red de metro, deja en el aire toda una serie de acuerdos contractuales, financieros y presupuestarios que se materializaron en junio de 2014», tras el citado protocolo. Aunque declinó dar cifras, la reclamación que está sobre la mesa podría alcanzar los 830 millones de euros. Por ello, se ha convocado una reunión extraordinaria del consejo de administración de la sociedad concesionaria, Metro de Málaga, para comenzar a analizar las consecuencias con los socios privados. Al tiempo, se ha puesto el caso a disposición de los servicios legales para analizar las implicaciones que tiene la decisión y responder técnicamente. De entrada, a juicio de la Consejería de Fomento, no se produce alteración alguna del PGOU, ya que el trazado iría por un viario público que sirve igual para autobuses, para coches y para el tranvía.

A este respecto, un punto clave del argumentario legal de la Junta es que, como afirmó Ruiz Espejo, el alcalde, Francisco de la Torre, actuó con «mala fe» cuando firmó el protocolo de intenciones de noviembre de 2013, ya que lo hizo a sabiendas de que no iba a cumplir con el Plan General de la ciudad. Las cuestiones a las que se refiere el informe de Urbanismo «deberían haber sido, en todo caso, consideradas detenidamente por el Ayuntamiento de Málaga antes de formalizar la firma del protocolo». «Todos esos documentos a los que se refiere son anteriores a la firma, nos preocupa que el informe municipal alegue cuestiones anteriores a 2013 porque se podían haber puesto de manifiesto en aquel momento y no ahora», por lo que «difícilmente se puede justificar hacerlo en este momento». Como consecuencia, denunció que De la Torre «Dinamita lo pactado, lo acordado y firmado» con terceros (sociedad concesionaria y BEI).

El dirigente autonómico también criticó al Ayuntamiento por hacerles perder el tiempo, «con todo un trabajo técnico y de tramitación administrativa a partir del protocolo firmado con el alcalde en 2013 y que culmina con la entrega del proyecto el 1 de abril».

Por otra parte, puso de relieve que se va a estudiar jurídicamente si la decisión municipal afecta al ramal de llegada a la Alameda Principal, ya que este tramo y el de Eugenio Gross se pactaron en un paquete conjunto. Aunque Ruiz Espejo reconoció que es el escenario más difícil al que se ha enfrentado nunca la construcción del metro, el único que aún se contempla desde el Gobierno andaluz es llegar en superficie hasta el Civil, tal y como está firmado.

Alegaciones de la EMT

Paralelamente, la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) entregó ayer sus alegaciones al proyecto constructivo presentado por la Junta para la prolongación en superficie, en las que se deja claro que este trazado «afecta a los intereses» de la sociedad municipal, conllevaría «un desequilibrio económico» y «limita las posibilidades de movilidad de los habitantes de la zona». Directamente se verían perjudicadas cuatro líneas de autobuses, especialmente la 15 (Virreina-Carlos Haya-Santa Paula). Por ello, solicita a la Consejería de Fomento que resuelva no autorizar el servicio del tranvía a la zona norte de la ciudad.

Por su parte, los vecinos agrupados en la plataforma 'No al tranvía al Civil, Sí al metro al PTA y Campanillas' mostraron ayer su «satisfacción» por la posición municipal y dejaron claro que esta infraestructura «no se hará». «Si nos cierran todas las puertas y se empecinan en colocarnos el tranvía, esta plataforma no lo permitirá y llevará a cabo todas las medidas necesarias para impedirlo», aseguró ayer su coordinador, Francisco Fernández, quien se mostró dispuesto incluso a ponerse «delante de las máquinas».

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