Los polígonos recurren ante el Supremo los riesgos de inundación en el Guadalhorce

Los polígonos recurren ante el Supremo los riesgos de inundación en el Guadalhorce
/ Ñito Salas
  • El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre secunda la medida, que finalmente no ha sido compartida por el Consistorio de la capital

El asunto de la inundabilidad de los suelos situados en el entorno del tramo del río Guadalhorce más próximo a su desembocadura ya está en los tribunales. Como estaba previsto, la Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma) ha presentado en plazo un recurso ante el Tribunal Supremo contra los reales decretos que dieron luz verde al plan hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, entre las que está el Guadalhorce, y al plan de gestión del riesgo de inundación de la zona, aprobados por la Junta de Andalucía.

La demanda anunciada ya ante el Supremo incidirá, entre otras cuestiones, en que el Gobierno andaluz no ha cumplido los plazos ni ha seguido el procedimiento establecido para tramitar el plan de gestión del riesgo de inundación del Guadalhorce, que debería ser posterior a la elaboración de unos mapas de peligrosidad que han sido aprobados prácticamente al mismo tiempo e incluso publicados oficialmente casi dos meses después, en concreto el pasado 8 de marzo. Junto con estos defectos de forma, Apoma, asesorada por el abogado Manuel Jiménez Baras, del despacho Ius Urbis, también pretende aportar estudios de peligrosidad alternativos a los que manejó la Administración regional para elaborar sus mapas y que han terminado por colocar a los suelos delGuadalhorce en una complicada tesitura, ya que, al margen de bloquear el desarrollo de numerosos proyectos contemplados en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) hasta que se hagan obras correctoras de gran calado –como un nuevo puente de la antigua N-340–, también condiciona los permisos para obras de nueva planta o de reformas en parcelas empresariales de la ciudad consolidada.

El presidente de Apoma, Sergio Cuberos, resaltó que el recurso ante el Supremo demuestra que «es un tema que no vamos a dejar y que hay que seguir moviéndolo». En ese sentido, Cuberos insistió en que, una vez que esté formado el nuevo Gobierno central, habrá que reclamar la construcción del nuevo puente y las mejoras del encauzamiento para reducir los riesgos de inundación, unas actuaciones que, según el Ayuntamiento y la Junta, corresponderían a la Administración estatal.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha secundado la iniciativa de Apoma, y también ha presentado un recurso contra los mapas de inundabilidad en elGuadalhorce ante elTribunal Supremo. Según apuntaron desde el Consistorio de esta localidad, el recurso se fundamenta en la «brutal falta de transparencia e información, sobre todo en lo que se refiere a la demarcación de las zonas inundables, sin contar con los servicios técnicos municipales ni hacer consulta alguna». En el caso de Alhaurín de la Torre, la inundabilidad perjudica al proyecto de la llamada Ciudad Aeroportuaria del Ocio y la Investigación, operación urbanística que pretende aglutinar a empresas e industrias vinculadas a la actividad del aeródromo malagueño.

En cambio, el Ayuntamiento de la capital no ha presentado finalmente recurso judicial alguno contra las ordenes ministeriales que colocaron el sello de la inundabilidad a los suelos del entorno delGuadalhorce. El concejal de Ordenación delTerritorio, Francisco Pomares, explicó que desde los servicios jurídicos del Consistorio «se veía difícil que prosperara» la demanda. «A veces somos demasiado prudentes», reconoció el edil, quien no obstante aseguró que el equipo de gobierno municipal seguirá pendiente de que el Gobierno central asuma como propias las infraestructuras que ya se han establecido como necesarias para reducir el riesgo de inundación, si bien lo más probable es que tarden varios años en desarrollarse.