El Ayuntamiento suspende los embargos a los deudores que no lleguen al salario mínimo

El medio millar de ciudadanos que el pasado mes de septiembre vieron cómo sus cuentas eran bloqueadas por mantener deudas con el Ayuntamiento podrán respirar tranquilos desde el próximo mes de marzo. En concreto los que perciban una cantidad por debajo del salario mínimo interprofesional (655 euros) o los que cobren pensiones mínimas. Así lo han acordado los cinco grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tras la celebración de una mesa de trabajo con los técnicos de Gestrisam, que han acordado en bloque introducir varias modificaciones en la ordenanza general de tributos para aliviar la carga en los contribuyentes empadronados con menos recursos.

Las medidas incluyen, en primer lugar, la nueva figura de la declaración de insolvencia provisional para los ciudadanos cuyos ingresos no lleguen al mínimo, caso de los desempleados, pensionistas o personas en riesgo de exclusión social. En estos casos, Gestrisam suspenderá los embargos en las cuentas en caso de que existan deudas municipales; y además impedirá que la vivienda habitual de una persona física salga a subasta aunque existan pagos atrasados de tributos. «Con esta medida queremos implantar una política fiscal de baja presión, redistributiva y que sume en la generación de empleo con bonificaciones de impuestos a la actividad económica», manifestó ayer el concejal de Economía, Carlos Conde, que escenificó el acuerdo entre los cinco grupos políticos compareciendo acompañado por María del Carmen Moreno (PSOE), Juanjo Espinosa (Málaga Ahora), Íñigo Vallejo (Ciudadanos) y Remedios Ramos (Málaga para la Gente).

En este sentido, la suspensión del pago de la deuda será sólo temporal para los ciudadanos que por alguna razón superen la insolvencia, por ejemplo los desempleados que accedan a un empleo con un salario superior al mínimo establecido por ley. En estos casos, los deudores tendrán que hacer frente a la cantidad pendiente.

Las modificaciones de la normativa, que serán llevadas al próximo pleno ordinario de febrero, incluyen además otras novedades que ya se estudian por su «carácter innovador» -dijo Conde- en Ayuntamientos como el de Barcelona o en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Entre ellas destacan las facilidades de pago de sanciones de tráfico, que ahora podrán aplazarse o fraccionarse en el periodo voluntario -antes sólo existía esta posibilidad por la vía de apremio, donde se aplicaban los correspondientes recargos.

Ampliación de plazos

Por otro lado, la ordenanza amplía los plazos del pago de deuda de tres a cinco años y se eleva de 18.000 a 30.000 euros la cantidad que puede ser aplazada o fraccionada sin necesidad de garantías. Todas estas medidas quieren convertirse, dijo el concejal, «en un traje a medida para el contribuyente porque la nuestra es una vocación de servicio».

Con él coincidieron el resto de representantes de grupos de la oposición, que se felicitaron del acuerdo alcanzado en materia tributaria y se comprometieron a seguir avanzando en una política «más social». Por delante queda, sin embargo, otro acuerdo de peso como es el de la aprobación de los presupuestos municipales, que podrían entrar en vigor en este primer cuatrimestre si hay entendimiento entre el equipo de gobierno y la oposición. Por ahora, los equipos de PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos y Málaga para la Gente estudian el borrador de las cuentas, que incluyen algunas de sus propuestas, y están emplazados a la semana que viene para iniciar las negociaciones.