El vertido cero se ahoga en el Guadalhorce

Que la provincia va a incumplir la directiva europea que obliga a garantizar la depuración de las aguas residuales antes del 1 de enero de 2016 es tan evidente como que también lo harán numerosos puntos de la geografía española. Pero lo que resulta más flagrante es que a estas alturas aún queden pendientes no de terminar, sino de empezar las obras de una treintena de actuaciones fundamentales para alcanzar el vertido cero que desde hace cuatro décadas viene reclamando el sector turístico para que su apuesta por la calidad no se vea continuamente manchada por las natas que tienen que ir esquivando los bañistas. Cierto es que, después de varios lustros en el punto de mira (desde 2011 pesa sobe España una sanción por la falta de depuración en 38 localidades de más de 15.000 habitantes, entre las que continúan Marbella, Estepona, Nerja, Alhaurín el Grande y Coín), la Costa del Sol ha dejado de ser una amenaza seria para la Comisión Europea tras la considerable mejora en el litoral occidental. Y también una vez que la ampliación de la depuradora de Guadalmansa (Estepona) parece que, aunque con un nuevo retraso, sí que encara su recta final después de seis años de obras con varios parones por falta de fondos (30 millones de euros) y que tras más de una década de olvido burocrático la construcción de la planta de Nerja podría entrar en servicio a finales de 2016, quitándole a esta localidad el sambenito de ser el único municipio costero de la provincia que sigue vertiendo sus aguas al mar sin filtro previo.

A la espera de que se alcance ese hito, el principal punto negro en la provincia está en el río Guadalhorce, convertido en la cloaca de la comarca a la que baña. No en vano, a su cauce va a parar cada día (y de ahí directo al mar) la carga contaminante de cien mil personas (unos 17.000 metros cúbicos diarios) porque las dos plantas previstas desde hace una década no acaban de ver la luz: la del Bajo Guadalhorce, que daría servicio a Coín, Pizarra y Álora; y la de Málaga-Norte, concebida para tratar las aguas residuales de buena parte del área metropolitana y que permitiría canalizar las aguas fecales de Alhaurín el Grande y Cártama. Para más inri, ambas actuaciones figuran en el paquete de obras declaradas de interés autonómico por la Junta de Andalucía en 2010 para evitar nuevas sanciones de la UE, salvo que Bruselas conceda una moratoria. A nivel regional se estima que la multa podría rondar los 40 millones el primer año y 20 en los sucesivos hasta la consecución del vertido cero.

El primer estudio técnico para la tercera estación de la capital data de 2007, y en 2011 ya estaba redactado el proyecto para su ejecución al norte del aeropuerto, pero a día de hoy sigue sin estar claro su futuro a raíz de las discrepancias surgidas entre Gobierno andaluz y Ayuntamiento de Málaga por la decisión de la Consejería de Medio Ambiente de reducir su capacidad de tratamiento. Si en el proyecto que ambas administraciones consensuaron se establecía que la denominada planta Málaga-Norte podría regenerar un caudal diario de cien mil metros cúbicos (cien millones de litros) y dar servicio a una población equivalente de 400.000 personas, el Ejecutivo regional apuesta ahora por una actuación menos ambiciosa, recortando considerablemente su capacidad (43.000 metros cúbicos diarios), su radio de acción (Alhaurín el Grande, Cártama y Alhaurín de la Torre) y, por supuesto, también su coste, que pasaría de los 80 millones inicialmente previstos a unos 52,5. Un dinero que, según la Junta, se podría destinar a completar el mapa del saneamiento en los municipios del interior.

Una cuestión de dinero

Mientras el proyecto permanece encallado, las dos plantas existentes en la capital (Guadalhorce y Peñón del Cuervo) se encuentran al límite, al atender a más de 660.000 vecinos, ya que además de filtrar las aguas fecales de toda la ciudad incluidos los polígonos industriales también asume las de Torremolinos y Alhaurín de la Torre. En Medio Ambiente no ocultan que este cambio de planes va ligado a la falta de disponibilidad presupuestaria a pesar de que la inversión será sufragada mayoritariamente por los ciudadanos a través del canon de mejora que desde mayo de 2011 se viene cargando en la factura del agua. Solo en la provincia se han recaudado unos 55 millones de euros, aunque se trata de un recargo regional y solidario; es decir, que lo que las arcas autonómicas ingresan en Málaga no tiene por qué invertirse en la provincia.

Cuestión económica al margen, también argumentan que la propuesta inicial estaba sobredimensionada. En su nuevo planteamiento, consideran una prioridad dar solución a Cártama y Alhaurín el Grande, desde donde se están construyendo unos colectores que irán a parar a la futura depuradora. Además, proponen llevar a esta nueva planta los vertidos de Alhaurín de la Torre para así descargar en parte la estación del Guadalhorce. Igualmente, señalan que la depuradora principal de Málaga también podría ampliar su margen de maniobra para cierto crecimiento poblacional si se limitara por parte del Ayuntamiento la entrada de residuos industriales y se obligara a las empresas a realizar un tratamiento previo de su carga contaminante.

Unas nuevas reglas del juego que, de momento, no convencen al Consistorio malagueño, donde confían en que la futura depuradora pueda descongestionar la del Guadalhorce en unos 70.000 m3 diarios. A su juicio, no tiene sentido construir una infraestructura en suelo malagueño (a la altura de la desembocadura del río Campanillas en el Guadalhorce) si apenas tendría beneficios para la ciudad, además de advertir de que pese a la descarga de caudal al quitarle Alhaurín, la estación del Guadalhorce seguiría estando muy limitada, con el agravante de llevar 16 años en servicio y que una posible ampliación se antoja complicada por su ubicación entre el río y los polígonos industriales. Para salvar las trabas económicas, la empresa de aguas de Málaga (Emasa) se ha ofrecido a adelantar parte del dinero a cambio de quedarse con un porcentaje del canon y de gestionar las instalaciones, aunque esta propuesta no acaban de verla en la Junta.

Pueblos del interior

En cuanto a la depuradora del Bajo Guadalhorce (adjudicada en 2007 y presupuestada en 6 millones de euros) después de eternizarse el procedimiento de expropiación de los terrenos y tras la idas y venidas de Coín en su objetivo de contar con la suya propia, parece que por fin se empieza a ver el final del túnel para que arranquen las obras. Así es una vez que el Ayuntamiento de esta localidad ha aprobado el convenio entre la Junta y los consistorios de Pizarra y Álora para su ejecución (en la confluencia de los ríos Grande y Guadalhorce) y así beneficiarse de estas instalaciones, con capacidad para tratar 8.295 m3 diarios. Un proyecto que se complementa con la red de colectores que recogerán los vertidos de las tres localidades y con los 25 kilómetros de tubería que conducirán las aguas de Alhaurín el Grande y Cártama hasta la futura planta Málaga-Norte, que se están ejecutando con una inversión de 8,6 millones sin que a día de hoy tenga garantizada su eficacia.

Estas infraestructuras, unidas a la de Nerja, permitirán que todos los grandes y medianos municipios de la provincia se ajusten a la normativa comunitaria. Cuestión distinta se da en el interior, ya que la mitad de los pueblos pequeños carecen actualmente de sistemas de filtrado. Un dato llamativo, pero que suaviza su impacto puesto que los residuos del 90% de la población censada en la provincia (no figuran ni los turistas ni los residentes sin empadronar) son tratados correctamente. En lo que compete al Ejecutivo autonómico, en las cuentas de 2016 se prevén fondos (sin detallar) para iniciar las obras de las depuradoras de Almogía, Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia, Valle de Abdalajís, Teba, Almargen y Cuevas Bajas.

Extender el saneamiento a los distintos núcleos urbanos de Antequera y Ronda también sigue pendiente, al igual que la veintena de nuevas estaciones para poner coto a los vertidos a ríos y arroyos de los residuos que producen unas 150.000 personas que residen en los pueblos, con el agravante del Valle del Genal y el Alto Guadiaro de que al generado por la población se unen los procedentes de la actividad ganadera. En esta zona, pese al empujón dado por la Diputación para echarle un mano al Ministerio de Medio Ambiente asumiendo la redacción de los proyectos, la realidad es que las 17 depuradoras contempladas siguen sin arrancar. El motivo ahora es que el Gobierno y la Junta deben renovar el convenio que suscribieron en 2006 para declarar estas actuaciones de interés general del Estado, requisito fundamental para que puedan ponerse en marcha estas obras, valoradas en 25 millones de euros.