El cambio del alcalde sobre el metro al Civil pondría en riesgo la financiación del BEI

La entidad comunitaria aporta 325 millones de euros a la financiación de las obras de las líneas 1 y 2 del suburbano. Tras el protocolo de intenciones que se firmó aquella famosa noche del 11 del 11 del 2013, hace ahora justo dos años, la entidad bancaria, la sociedad concesionaria, Metro de Málaga, y la Consejería de Fomento rubricaron una actualización del contrato de concesión tras las últimas modificaciones, que incluían la llegada, mitad subterráneo (por la calle Hilera), mitad en superficie (por Eugenio Gross y Blas de Lezo) hasta los hospitales Civil y Materno.

Este movimiento fue de tal calado que el Banco Europeo de Inversiones ingresó a la sociedad concesionaria los 46 millones de euros pendientes para poner en marcha en julio de 2014 la primera fase del suburbano malagueño, con las líneas 1 (Teatinos) y 2 (Carretera de Cádiz) conectadas mediante el intercambiador de El Perchel (en la estación de ferrocarril María Zambrano).

Nuevo contrato de concesión

La utilización de este dinero requirió que el Gobierno autonómico aprobara previamente la actualización del contrato de concesión con la concesionaria, tras los cambios introducidos en el trazado en virtud de aquel protocolo de intenciones, que aportaba sostenibilidad financiera a toda la inversión del suburbano. El BEI hizo este ingreso tras evaluar la documentación y los anexos relativos al plan económico-financiero y de estimación de demanda por parte de la Consejería de Fomento.

En el mismo contrato con el BEI se especificaba que tales cambios serían, de una parte, la llegada del metro soterrado hasta la Alameda Principal; y con la solución mixta subterránea-superficie hasta el Hospital Civil. Con esto, se lograba el equilibrio en las cuentas del suburbano, al alcanzar una demanda estimada de unos 21 millones de pasajeros, de los que 18 millones proceden de la parada en el Casco Histórico y tres millones de los vecinos de Eugenio Gross y Blas de Lezo y de los usuarios de los centros sanitarios.

Pero se reservó un as: en el mismo documento aparece una cláusula por la cuál la entidad financiera se reserva el derecho a tomar medidas drásticas en caso de que no se cumpla lo pactado. Entre otras, se podría producir una demanda de ejecución inmediata de la deuda, lo que supondría la ruina de la concesionaria, al tener que reintegrar todo el crédito de golpe. Hay que recordar aquí que la Junta es la avalista, por lo que sería al final la encargada de pagar. Para colmo, la concesionaria podría emprender acciones legales, por el incumplimiento del contrato. De ahí la gravedad que podría tener un paso atrás por parte del Ayuntamiento.

La Junta sigue adelante

El delegado de Fomento, Francisco Fernández España, se limitó ayer a exponer que su Consejería no contempla otra hipótesis que hacer lo que está firmado. Para ello, recordó que hoy mantendrán un primer contacto con los representantes vecinales, a los que pretenden explicar cómo quedará la zona tras las obras, de acuerdo al modelo de reurbanización que elijan. El delegado puntualizó que los residentes tienen la última palabra sobre la solución final una vez ejecutado el proyecto (con más o menos viales para tráfico, aceras anchas y carriles bici); pero no se discute si el trazado será o no por Eugenio Gross, ya que eso ya se acordó con el Ayuntamiento el 11 de noviembre de 2013.

Juan Cassá, portavoz del grupo Ciudadanos socio de investidura del equipo de gobierno del PP anunció que presentarán una moción en el próximo Pleno, en el que propondrán una consulta popular, con el censo del distrito, para conocer el alcance real del rechazo que plantean las asociaciones de vecinos, y no dejar la decisión al «pálpito que me dé según lo que dicen los representantes». En caso de resultado negativo, se alineó con el alcalde en que no se podría hacer el metro en contra del vecindario. Además, anunció que van a promover un debate sobre la posibilidad de prolongar este medio hasta el Parque Tecnológico.

La portavoz del grupo municipal socialista en la Casona, María Gámez, se mostró visiblemente contrariada por las declaraciones del regidor: «De la Torre firmó un acuerdo con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y de ahí no se puede bajar, está tocando un tema muy serio», exclamó. «Si quiere romper el acuerdo que se lo diga a los millones de usuarios que el metro ya tiene, y que se pueden quedar sin él porque está en juego toda la infraestructura. Le pido al alcalde que sea responsable, porque está jugando con unas inversiones muy altas que pueden dejar de existir».