Tres mil empresas de los polígonos se rebelan contra los mapas de inundabilidad de la Junta
La asociación de parques empresariales denuncia que algunos inversores ya han descartado el Guadalhorce para implantarse por la inseguridad jurídica
Jesús Hinojosa
Lunes, 20 de abril 2015, 00:30
Los polígonos de la zona oeste de la capital se han rebelado contra la Junta de Andalucía por el expediente que tramita la Consejería de ... Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para declarar inundable una gran parte del entorno del curso bajo del río Guadalhorce, actuación que tumba los proyectos de tipo empresarial y comercial contemplados por el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en este sector de la ciudad, como adelantó este periódico. Hace días acabó el plazo para presentar alegaciones al proyecto del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en Andalucía, que incluye el ámbito del Guadalhorce, y el expediente ha recibido el rechazo de la práctica totalidad de los parques empresariales del lugar así como de negocios y propietarios de naves y suelos a título particular, incluidos empresarios de Mercamálaga.
Más gastos en seguros y pérdida de valor de las propiedades
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Los empresarios de los polígonos del entorno del Guadalhorce están alarmados por las consecuencias que ya están experimentando debido a los riesgos de inundación manejados por la Administración regional para la zona. Uno de los inmediatos es la disminución del valor de sus propiedades, que son activos de sus empresas. «El valor de nuestro patrimonio ha caído y caerá todavía más cuando se apruebe definitivamente el plan que contiene el peligro de inundación. Eso repercute negativamente, por ejemplo, a la hora de poder avalar un préstamo», explicó Sergio Cuberos, presidente de Apoma. Asimismo, denunció que todo esto les obligará a contratar seguros especiales de responsabilidad civil para poder desarrollar su actividad en unos sectores con riesgo de inundación.
Los polígonos Guadalhorce, Santa Teresa, Villa Rosa, La Huertecilla, Santa Cruz, Azucarera y Santa Bárbara, que agrupan a más de tres mil empresas y dan empleo a más de cuarenta mil personas, han presentado alegaciones al plan de riesgo de inundaciones solicitando que se anule puesto que consideran que debería fundamentarse en unos mapas de peligrosidad que aún no han sido aprobados, que falta información técnica en función de la cual podrían permitirse edificaciones o no, y que no se prevén medidas correctoras concretas para revertir el peligro de inundación. Asimismo, las alegaciones, elaboradas por el despacho de especialistas Ius Urbis Abogados, consideran que los estudios en los que se basa el expediente carecen de rigor puesto que no tienen en cuenta las últimas obras hidráulicas realizadas, como el encauzamiento de los arroyos Merino, Carambuco y Prado Jurado, que finalizaron en 2012 con una inversión de más de seis millones de euros.
El presidente de Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma), Sergio Cuberos, resaltó que la situación que padecen desde que el Gobierno andaluz está tramitando y tomando en consideración para sus informes los mapas de inundabilidad del Guadalhorce «es muy grave». «Ya ha habido inversores que, al conocer la situación administrativa que tenemos encima, se han echado para atrás a la hora de desarrollar proyectos que querían implantar aquí. El riesgo de inundación que la Junta atribuye a nuestros suelos es un freno total para las inversiones», remarcó Cuberos, quien consideró que la Junta de Andalucía «debe tomar conocimiento del problema que se ha generado y los partidos políticos tienen que moverse para buscar soluciones».
Obras correctoras
Los empresarios son conscientes de que los riesgos planteados por los estudios para este enclave resultan, al menos a día de hoy, incontestables para el Gobierno andaluz. Por ello, le urgen a que tome medidas desde ya para eliminarlos, puesto que aseguran que es la única forma de que se despejen para los inversores las dudas que actualmente plantean todos los suelos de uso empresarial y comercial de la zona oeste de Málaga más próxima a la desembocadura del Guadalhorce. «Es importante que las obras correctoras que son más urgentes se pongan en marcha por parte de la Junta y que al menos haya unos plazos para concretar su desarrollo», señaló Sergio Cuberos.
¿Qué pasará con las edificaciones existentes?
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Una de las cuestiones que más preocupa a los empresarios y propietarios de suelos de las zonas afectadas por el riesgo de inundación que maneja el Gobierno andaluz es qué va a implicar su confirmación oficial para las edificaciones que ya existen. Resulta claro que, a no ser que se ejecuten proyectos para evitar el riesgo de inundación, gran parte de los suelos que todavía no se han desarrollado tendrán que considerarse por el momento como no urbanizables. Pero ¿qué sucede con lo que ya está construido desde hace años? En la Gerencia Municipal de Urbanismo ya dan por sentado que, a tenor de lo que establecen actualmente varias normativas, únicamente podrán concederse permisos para obras que supongan una conservación o mantenimiento de lo que existe, pero no para ampliaciones o construcciones nuevas. No obstante, ello dependerá de que la zona en cuestión se vea afectada por un determinado periodo de retorno o de probabilidad de avenidas. Así, por ejemplo, para un periodo de 50 años no se permite construcción alguna, y en el de 100 años, solo en función del calado y la velocidad del agua, parámetros que aún no se han definido exactamente por parte de la Administración regional, según critican desde la Asociación de Polígonos.
En ese sentido, recordó que las actuaciones que se consideran como más prioritarias son la adaptación del puente de la Azucarera a la obra de encauzamiento de la desembocadura que se hizo hace una década, una asignatura aún pendiente que merma considerablemente la eficacia de esta actuación en la que se gastaron casi cien millones de euros; la construcción de la presa de Cerro Blanco (río Grande) prevista en el Plan Hidrológico Nacional, el encauzamiento del arroyo Campanillas y la reparación del canal del encauzamiento en la margen izquierda del Guadalhorce, cuestión que también perjudica a la capacidad de desagüe de toda la zona. «Hay que buscar soluciones ya, no cabe otra, porque, de lo contrario, todo el desarrollo de los polígonos de esta zona de Málaga va a estar parado durante años», insistió el presidente de Apoma.
Este periódico intentó sin éxito conocer el parecer de los responsables de la Consejería de Medio Ambiente sobre los argumentos y las peticiones manifestadas por el portavoz de los parques empresariales de Málaga.
Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, explicó que el Ayuntamiento también ha presentado una alegación rechazando, entre otras cuestiones, que se tome en consideración un riesgo de avenidas de 500 años para prohibir construcciones. Pomares confío en que la Junta sea más flexible «porque no puede pararlo todo».
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