Más de 25.000 hogares llevan año y medio sin revisar el padrón para evitar que les suba el agua

Casi 16 meses lleva en vigor el nuevo sistema de facturación de Emasa en el que el recibo del agua se calcula teniendo en cuenta el número de habitantes de cada casa en lugar del consumo total por vivienda. Después de una dura polémica en el terreno político y de un sinfín de correcciones por parte de la empresa pública para minimizar la subida experimentada en un tercio de hogares por el cambio tarifario (la última fue la aplicación de un descuento anual de 14,4 euros a todos sus clientes para compensar el dinero recaudado de más por las arcas públicas), los malagueños ya se han habituado a eso de que cada uno paga lo que consume, independientemente de si vive solo, en pareja o en una familia numerosa.

Pero pese al tiempo transcurrido, aún hay más de 25.000 hogares en los que nada ha cambiado. Se trata de los pisos ubicados en los más de 1.300 edificios con contadores comunitarios (un tercio de los 3.800 registrados en la ciudad) que todavía no han facilitado al Ayuntamiento el número de inquilinos en cada casa para esquivar una posible subida del recibo puesto que, por regla general, en los domicilios con contadores totalizadores se gasta un 20% más de agua que en los que tienen registros individualizados.

Y lo hacen aprovechando la flexibilidad del gobierno municipal, que sigue ampliando el periodo de gracia que vienen disfrutando estas comunidades de vecinos. Inicialmente se les concedió una moratoria de dos meses, pero después de cuatro prórrogas se ha optado directamente por dejar el plazo abierto, siempre que vayan iniciando los trámites para individualizar los contadores. Responde así Emasa a la petición de los administradores de fincas, aludiendo a la «complejidad» de adaptar los contadores colectivos a individuales y, sobre todo, al detectarse «un creciente interés de las comunidades en normalizar esta situación», algo que también confirman en la propia sociedad municipal.

En este contexto se enmarca en plan de individualización de contadores en el que está trabajando Emasa, que además de seguir concediendo la ayuda de 150 euros por la sustitución que viene aplicando desde hace años, también negociará con los bancos para que ofrezcan a las comunidades de propietarios unas condiciones más favorables e incluso, para garantizar que se los concedan, también avalará los préstamos. Según sus cálculos, el dinero a financiar podría alcanzar una suma próxima a los 17 millones de euros con un plazo estimado de ejecución de unos cinco años. Además, a la hora de amortizar el crédito, Emasa también ejercerá de intermediario con la entidad financiera, de forma que se encargará de cobrar la cuota en la factura bimestral y luego transferirla al banco.

Flexibilidad

Pese al trato desigual respecto a las 2.500 comunidades que sí que están censadas correctamente (algunas incluso ya han individualizado sus contadores), Emasa continuará como hasta ahora, evitándoles a estas 1.300 un aumento desproporcionado del recibo provocado por el desajuste entre el consumo y el número real de residentes, por lo que sigue cobrándoles como si en todos los domicilios se ajustaran a los 133 litros por persona y día, donde se ha fijado el techo de lo que se entiende por consumo responsable y a partir del cual se dispara la factura. La fórmula consiste en dividir el gasto total de la comunidad por esos 133 litros, dando como resultado un número de habitantes que, sin ser exacto, es el que sirve de referencia. A partir de ahí, es cada bloque el que decide si siguen pagando todos por igual o se distribuye según el número de inquilinos.

Para ajustar este sistema algo más a la realidad, Emasa firmó hace un año un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas para que estos profesionales actúen como fedatarios públicos a la hora de certificar cuántas personas residen en una vivienda aunque no estén empadronadas. El handicap está en que no todas las comunidades tienen delegada la gestión en un administrador (un 20% las llevan los propios vecinos) y, además, en los problemas surgidos con la aplicación informática que Emasa iba a poner a su disposición para que puedan certificarlo de forma automática. Después de varios intentos, el programa ya está listo, así que una vez que esté operativo permitirá aunque la factura siga llegando a la comunidad en su conjunto, cada vecino pueda pagar en función del número de habitantes.