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El suburbano malagueño se ha convertido en objeto de interés de uno de los principales fondos de inversión norteamericanos.
Un fondo estadounidense negocia la compra del 39% de las acciones del metro de Málaga

Un fondo estadounidense negocia la compra del 39% de las acciones del metro de Málaga

La sociedad Blackstone pretende hacerse con las acciones de Cajamar, Azvi y Sando, en una operación que está valorada en unos cien millones de euros

Ignacio Lillo

Lunes, 19 de enero 2015, 14:58

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El fondo de capital riesgo estadounidense Blackstone está negociando la compra del 39,4% del capital del metro de Málaga, lo que equivale a los paquetes de acciones de Cajamar (18,86%), Azvi (11,96%) y Sando (8,57%), que venderán de forma conjunta. Según confirmaron algunas de estas entidades, están en conversaciones desde hace algún tiempo, aunque aún no se ha materializado ni cerrado. «No hay un acuerdo al respecto, es cierto que hay negociaciones en curso desde hace meses pero no hay nada concluido», dijo un portavoz de Cajamar. Desde Sando apuntaron que hasta el momento no se había producido la venta y optaron por no opinar sobre el proceso.

La cifra que se va a desembolsar tampoco ha trascendido oficialmente, aunque fuentes cercanas al proceso comentaron que estaría valorada en el entorno de los cien millones de euros. Para ponderar el alcance y el interés que ha suscitado la maniobra empresarial cabe recordar que el valor de ese porcentaje de participación conforme al capital social de la compañía es de unos 54 millones, por lo que las entidades implicadas casi duplicarán su inversión.

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Así, como adelantó ayer el diario económico Expansión (que dio por hecha la venta), existe un fuerte interés por parte de la entidad norteamericana por hacerse con una buena tajada del negocio del suburbano malagueño, que actualmente está en manos de la Junta (23,69%), de la referida entidad financiera y de cinco constructoras, lideradas por FCC (25,32%).

Una vez que se incorpore a la sociedad, Blackstone obtendrá un beneficio de un 10% sobre el porcentaje de su participación, esto es, unos cuatro millones cada año durante el periodo de explotación (hasta el 2042). A lo que habrá que sumar un variable en función del número de viajeros, según explicó una fuente experta. Precisamente, los buenos resultados de la explotación en estos cinco primeros meses (con más de dos millones de viajeros, y sin llegar hasta el Centro) ha reforzado considerablemente la posición negociadora de los actuales propietarios. «Son unos ingresos muy seguros y estables, con una rentabilidad alta, a largo plazo y sin esfuerzo, porque no participan en la gestión de la infraestructura. No quieren el control, que seguirá en manos de FCCy de la Junta», apuntaron, y pusieron de relieve que a efectos ciudadanos no tendrá repercusión, puesto que la Junta mantiene la decisión sobre las tarifas y los servicios.

Próximos trámites

Desde la Agencia de Obra Pública, ente público de la Consejería de Fomento que tutela el suburbano, reconocieron que el 8 de enero recibieron una notificación de compraventa de acciones entre privados en el seno de la sociedad concesionaria. Esta refleja un preacuerdo para la venta conjunta de los accionistas referidos, y pone en marcha la maquinaria para culminar el proceso.

Para ello, la operación debe seguir unos trámites establecidos en los estatutos de la sociedad gestora del metro y en el contrato de concesión, por el cual tanto la Agencia, en calidad de administración concedente, como el resto de accionistas tienen derecho de tanteo en caso de compraventa. Se da por hecho que ni la Junta ni los demás socios la ejercerá: la primera, por el mal estado de las cuentas públicas; y el resto, porque, en algunos casos, también ha trascendido su intención de desprenderse tarde o temprano de su participación.

El siguiente hito se producirá el 23 de enero, que es cuando vence el plazo de la Consejería de Fomento para ejercer su preferencia en la adquisición. Posteriormente, tendrán que ser el resto de los privados los que se manifiesten. En cualquier caso, desde la Junta quisieron dejar claro que la entrada de un nuevo accionista «no afectará en nada» a la prestación del servicio público, que seguirá bajo la tutela de la Agencia de Obra Pública.

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