El lío de Abdeslam Lucena

Se vuelve a liar la madeja política y jurídica sobre el futuro del diputado provincial del PP Abdeslam Lucena, responsable de Servicios Intermunicipales y del Consorcio Provincial de Bomberos, tras ser condenado en sentencia no firme a seis meses de prisión y un año de suspensión para cargo público por los delitos de injurias, calumnias, desobediencia y malversación. Ante los contradictorios informes técnicos y las dudas de la máxima autoridad jurídica en la Diputación, la secretaria general, sobre la aplicación de la incompatibilidad y la destitución del político, el pleno aprobó el pasado julio elevar una consulta a la Junta Electoral Central (JEC).

Éste organismo emitió un breve informe, conocido ayer, de dos puntos. En el primero, se lava las manos sobre el asunto al sostener que «no corresponde» a la Junta Electoral Central proceder al enjuiciamiento de situaciones concretas producidas dentro del ámbito de las competencias de las administraciones locales como sucede respecto del examen de incompatibilidades y que esta responsabilidad recae en el pleno provincial.

En segundo lugar y respecto a la aplicación de la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), que en 2011 incorporó como causa de inelegibilidad e incompatibilidad para cargo electo el supuesto de «condena por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación», la Junta Electoral Central expone que «tiene declarado» que «relativo a los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración Pública, debe aplicarse teniendo en cuenta los principios de interpretación estricta de las normas penales», según ser recoge en el documento enviado a la Diputación.

En este punto surgieron la guerra de interpretaciones y las discrepancias entre el PPy el PSOE. Los populares sostuvieron que el principio de incompatibilidad no es aplicable en este caso ya que la Junta Electoral Central afirma que en la aplicación deben tenerse en cuenta «los estrictos principios de interpretación de las normas penales». En este sentido, y en base a un informe de la asesoría jurídica de la Diputación, fuentes populares dijeron que «las normas penales se apoyan en la irretroactividad de las leyes, que es el caso ya que Abdeslam Lucena cometió los supuestos delitos antes (en 2008) de que entrase en vigor la modificación de la Loreg (2011)».

Un criterio que no comparten los servicios jurídicos socialistas que apuntaron que la incompatibilidad, una consecuencia administrativa, no la genera la fecha en que se cometió el delito sino la condena la sentencia es posterior a la modificación de la Loreg por lo que no se puede aplicar la irretroactividad.

Petición y amenaza

El portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, pidió ayer que el próximo pleno ordinario de la institución, como órgano competente, se pronuncie sobre la incompatibilidad de Lucena, que, a su juicio, debe dejar ya sus cargos. «Se acabaron las excusas. Es la hora de que el equipo de gobierno del PP garantice que esta Diputación cumple con la ley. Es hora de que el presidente del ente, Elías Bendodo, actúe; de que deje de amparar a un condenado por malversación. Ya no quedan más coartadas a las que agarrarse. El proceso no debería dilatarse más y Lucena debe abandonar sus cargos cuanto antes», subrayó.

Conejo amenazó con llevar este caso a la Fiscalía si en el próximo pleno no se aborda los diputados tienen que votar la aplicación o no de la incompatibilidad. A este respecto, desde el PPestán aún esperando la respuesta del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local sobre la duda planteada por la secretaria general de la Diputación sobre si la suspensión del diputado debe ser «temporal o definitiva».