Diario Sur

Solo 13 pequeños pueblos de la provincia tienen el IBI al mínimo legal

Valor patrmonial de todos los inmuebles de cada municipio.
Valor patrmonial de todos los inmuebles de cada municipio.
  • La recaudación de los ayuntamientos por el catastrazo alcanzará este año un nuevo récord, 646 millones. Los alcaldes achacan al Estado esta nueva subida, pero muy pocos hacen uso de la potestad que tienen para suavizar el recibo

El 'catastrazo', ese término del que los alcaldes reniegan para referirse a la subida en el recibo del IBI que en los peores años de la crisis vienen sufriendo los ciudadanos, se ha convertido en el principal sustento de los ayuntamientos para mantener sus servicios y estructuras desde que la caída del mercado inmobiliario dejó sus arcas tiritando. Un esfuerzo añadido que se les está exigiendo a las familias para cuadrar los presupuestos municipales, hasta tal punto que en Marbella, Estepona o Benalmádena tienen la mitad de sus ingresos anuales pendientes de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Los números no engañan, y estos reflejan que, al margen de los niveles de morosidad que se alcancen, los 101 municipios de la provincia pretenden embolsarse este año 646,7 millones de euros vía IBI, un montante que supera en 24,9 millones (4%) la cantidad prevista en 2013 (621,8) y que continúa la escalada experimentada en los últimos años (587 en 2012).

A la hora de justificar este incremento, los municipios se lavan las manos alegando que los progresivos encarecimientos del recibo vienen marcados por la Dirección General del Catastro, que es el organismo al que compete fijar la tasación de cada inmueble atendiendo a variables como su localización, su antigüedad, sus calidades o el precio del suelo. Hasta ahí, todo correcto, como también lo es que, para desgracia del contribuyente, en la mayoría de municipios la última revisión de las ponencias catastrales (que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda realiza por regla general cada diez años) se acometió en pleno 'boom' inmobiliario, con unos precios de mercado que nada tienen que ver con los actuales y que supusieron de media una duplicación de los valores catastrales.

Llegados a este punto, surge la pregunta: ¿Tienen los alcaldes margen de maniobra para paliar estas subidas? La respuesta es sí. Además de aplicar bonificaciones o conceder ayudas para los colectivos más desfavorecidos, la principal herramienta que los ayuntamientos tienen en sus manos es el tipo de gravamen, que es el porcentaje que se aplica al valor catastral de cada inmueble para calcular la cuota a pagar y que, por ley, debe oscilar entre el 0,4 y el 1,1% (ampliable hasta el 1,3% si se dan una serie de circunstancias como ser capital de provincia, tener servicio de transporte público colectivo o prestar más servicios de aquellos a los que están obligados). Y aquí salta la segunda cuestión: ¿Hacen uso de esta opción para suavizar el recibo? Muy pocos. De hecho, casi se pueden contar con los dedos de las manos. De los 101 municipios, solo 13 tienen el tipo impositivo en el mínimo legal, todos ellos pequeños pueblos del interior (Alameda, Algatocín, Ardales, Benahavís, Cartajima, Cortes de la Frontera, Faraján, Humilladero, Júzcar, Mollina, Monda, Riogordo y Sierra de Yeguas).

Entre las grandes ciudades, la capital es la que presenta los niveles más bajos desde que en 2013 lo redujo del 0,6954 al 0,4510 para minimizar los efectos del 'catastrazo' con el que se encontraron los vecinos al aplicarse de golpe la subida acumulada de los nuevos valores catastrales que desde 2009 había permanecido en la nevera a través de bonificaciones potestativas. Se evitó que el recibo se disparara un 43% de media en todos los hogares para dejarlo en un promedio del 2,2%, pero no fue suficiente para impedir que en seis de cada diez viviendas acabaran pagando más, llegando incluso a un 20% en los inmuebles de mayor antigüedad.

Para este año el Consistorio tiene previsto recaudar 133,23 millones de euros, un 6% más que lo presupuestado en 2013 (126,8) y un 8% más respecto a 2012 (124,3). Las razones de este notable incremento son dos. La primera, una subida que, sin llegar a los niveles de 2013, experimentará el recibo en seis de cada diez hogares debido a la actualización de los valores catastrales, que se verá suavizada en su conjunto por la reducción de la cuota a comercios, restaurantes, oficinas e industrias, resultando un aumento medio del 2,2%. La segunda, los 4,8 millones que aportarán los más de 4.400 edificios institucionales y de empresas de alto valor, además de grandes infraestructuras como el aeropuerto, que tienen la catalogación de inmuebles de características especiales.

Solo 13 pueblos de la provincia tienen el IBI al mínimo legal

'Ranking

Donde también han tenido que bajar este año los tipos para no ahogar más a las familias ha sido en Marbella después de que el recibo se disparara en 2013 con la entrada en vigor de revisión catastral realizada en 2012 tras más de dos décadas sin actualizarse. Según aseguran desde el Ayuntamiento, la reducción del 1,0389 al 0,9870 supondrá que el 40% de los ciudadanos paguen menos. Sin embargo, para este tercer año de subida gradual del 10% de la base imponible tienen previsto recaudar 111,5 millones frente a los 105,8 del ejercicio anterior.

También han retocado el gravamen, por segundo ejercicio consecutivo en Estepona. Levemente, pero bajada al fin y al cabo. Primero del 0,57 al 0,53 y, ahora, al 0,52. ¿El resultado? Habrá vecinos a los que les baje el recibo y otros a los que la subida será mínima. La recaudación prevista es de 45,6 millones.

Encabezando el 'ranking' de los índices más altos vuelve a situarse, un año más, Torremolinos, al mantenerlo en el 1,16% (el máximo del 1,1% más el 0,06% que le permite la Ley de Haciendas Locales por prestar más servicios de los que le competen). Para este año se han puesto al cobro padrones por valor de 39,5 millones (37,6 en 2013). Para incentivar el empadronamiento, quienes lleven dos años en el censo municipal tienen un descuento del 30%, que alcanza el 50% para los que sumen 20 años inscritos.

El podio de la presión fiscal más elevada lo completa Rincón de la Victoria (0,9620%), que este año ingresará cerca de un millón más (13,9) como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva revisión catastral efectuada en 2013, que se implementa de forma gradual durante la próxima década a razón de un 10% anual. Un ascenso que comienza en Rincón y que este año termina en Fuengirola. Esta ciudad, que presume de tener el coeficiente más bajo del litoral occidental (0,50%), completa la implantación de las ponencias revisadas en 2005, lo que conlleva un nuevo incremento del recibo. Los grandes números indican que se ingresarán 34,1 millones, dos más que en 2013.

En la vecina Mijas ya culminaron el recorrido el año pasado, por lo que sus vecinos pagarán este año prácticamente lo mismo. De hecho, si se espera un ligero aumento de la recaudación (44,3 millones) es por la incorporación de nuevas construcciones y, sobre todo, la inspección de edificaciones que no estaban declaradas.

Revisión de las ponencias

Los recibos en Vélez también están siendo un calco respecto a 2013. El tipo no se reducido (0,70%), pero el Ayuntamiento ha conseguido que Hacienda le permita actualizar los valores catastrales para acercarlos a los precios de mercado. Una posibilidad que la Ley del Catastro solo contempla si se cumplen dos condicionantes: que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de la última ponencia y que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base cuando se hizo la tasación, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos y áreas existentes en el municipio. Esta medida, que afecta igualmente a otros tributos municipales como las plusvalías y autonómicos como los impuestos de sucesiones y transmisiones, también ha sido concedida al Ayuntamiento de Málaga, pero para 2015.

En la misma tesitura se encuentran en Alhaurín de la Torre, donde se ha aplicado una rebaja de tipos por segundo año consecutivo para suavizar la escalada provocada por la ponencia vigente desde 2010. Pese a reducir el coeficiente (del 0,75 al 0,68), el verdadero 'catastrazo' llegó el año pasado tras tres ejercicios esquivándolo con bonificaciones, aunque el equipo de gobierno supo reaccionar ante las quejas ciudadanas devolviendo el 40% del dinero que los vecinos pagaron de más. Este año se ha vuelto a bajar hasta el 0,65, mientras que para 2015 ya se ha aprobado una tercera reducción hasta dejarlo en el 0,556.

Al margen de las medidas que cada ayuntamiento pueda adoptar para aliviar la presión fiscal que soportan los ciudadanos, también cabe destacar la bonificación de entre el 10 y el 50% de la cuota aplicada este año por el Patronato de Recaudación Provincial, órgano de la Diputación que tiene delegadas las funciones de gestión tributaria en todos los municipios salvo Málaga, Fuengirola, Mijas, Benalmádena y Alhaurín el Grande, además de hacerlo también en las dos entidades locales de la provincia (Serrato y Montecorto). De este descuento se han beneficiado un total de 96.902 viviendas de las localidades en donde la entidad supramunicipal tiene competencias, sumando un importe de 4,2 millones de euros. Cara a 2015, aún no hay nada decidido, aunque desde la Diputación tampoco descartan un nuevo gesto hacia las familias.