Londres no quiere otro tribunal de arbitraje tras el 'brexit'

ÍÑIGO GURRUCHAGA CORRESPONSAL LONDRES.

El Gobierno británico no es partidario de crear un nuevo tribunal para arbitrar las futuras disputas tras su marcha de la Unión Europea, prevista para marzo de 2019, y permitirá a sus jueces tener en cuenta las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE cuando tengan que decidir sobre litigios en los que sean relevantes las leyes europeas que mantendrá.

El líder del partido pro-EU de los Liberal-Demócratas, Vince Cable, saludó ayer «esta marcha atrás, sensata y pendiente, de la primera ministra». «Muestra que las líneas rojas de Theresa May van difuminándose», añadió. «El Gobierno parece aceptar, de manera tardía, que no será posible poner fin a la influencia del Tribunal de la UE en Reino Unido sin dañar nuestro comercio y la cooperación en seguridad».

El nuevo documento, parte de la serie que a lo largo de este año va definiendo las posiciones británicas en la negociación, se publica hoy, pero un sumario adelantado a los medios señala que «interesa a ambas partes que los derechos y obligaciones acordadas puedan imponerse sencillamente, por ejemplo, por los ciudadanos de la UE en los tribunales británicos», y viceversa.

El documento añade que, en otros acuerdos internacionales, «la forma exacta de imposición y de resolución de disputas se adapta a menudo al contenido del acuerdo y varía en función de los asuntos, sea el comercio o la seguridad». Se aleja de la posición adelantada en julio por los negociadores de la UE, afirmando que «no hay precedentes» que demanden que los acuerdos del 'brexit' queden bajo la «jurisdicción directa» del tribunal de la UE.

El sistema judicial de la Unión es una de las principales fuentes del euroescepticismo británico, porque las leyes constitucionales de Reino Unido no dan a ningún tribunal potestad para corregir la voluntad del Parlamento y porque, a diferencia del principio interpretativo de la intención de los legisladores en la UE, los jueces británicos se atienen a la literalidad de las leyes aprobadas por sus diputados.

Ambigüedades

May señaló en enero la jurisprudencia del tribunal de la UE como una de sus líneas rojas de la separación. Pero el Gobierno se ha referido a menudo a su intención de poner fin a la «jurisdicción directa» de esa corte. El proyecto de ley del 'brexit', presentado al Parlamento antes de la vacación veraniega, ya propone que los jueces británicos tomen como referencia las decisiones del tribunal europeo para asuntos anteriores al 'brexit' y que las tengan en cuenta para litigios posteriores.

El documento que se publica hoy señala como precedentes útiles el del tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio, que agrupa a países como Noruega o Islandia, o el panel creado por el reciente acuerdo de la UE con Canadá. Mantiene la ambigüedad característica de estos documentos británicos y no propone un mecanismo específico.

Los documentos avalan el afán inmediato de los negociadores británicos, que es forzar a sus colegas europeos a aceptar que no será posible avanzar en los próximos meses sin definir las líneas del acuerdo final.

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