Londres quiere repatriar la extradición rápida entre países de la UE

La primera ministra británica, Theresa May, en su visita a una fábrica en el sur de Londres. :: afp
La primera ministra británica, Theresa May, en su visita a una fábrica en el sur de Londres. :: afp

Propone que el Supremo británico sea la última corte de apelación en estos casos, lo que elimina el papel del Tribunal de Justicia europeo

ÍÑIGO GURRUCHAGA CORRESPONSAL LONDRES.

El Gobierno británico quiere que el Tribunal Supremo de su país sea la última corte de apelación en casos de extradición a Estados miembro de la Unión Europea tras el 'Brexit', eliminando el papel del Tribunal de Justicia de la UE como último recurso disponible en el marco de la Orden Europea de Detención y Entrega. Es una propuesta que sugiere que la OEDE perderá vigencia en Reino Unido.

La Orden Europea entró en funcionamiento en 2004. Los países miembros de la UE la ratificaron para agilizar los procedimientos de extradición, que podían extenderse durante años en los tribunales nacionales, porque debían considerar el diferente tratamiento de los delitos en sus legislaciones o analizar si las pruebas remitidas por el país demandante eran sostenibles en el enjuiciamiento doméstico.

La Orden creó un procedimiento meramente informativo y de entrega rápida, en el que para delitos con penas mínimas de 12 meses se debe comprobar que el delito perseguido es tratado de forma similar en el país que la recibe y para otros, con penas mínimas de 3 años, como asesinato, violación o terrorismo, enumerados en una lista de 32, no se requiere la doble tipificación.

El uso de la orden europea se ha multiplicado desde su entrada en vigor. Reino Unido recibió 1.865 órdenes de detención y entrega en 2005 y 14.279 en 2016. Reino Unido envió 96 y 241 demandas a otros países de la UE en esas mismas fechas. Aunque algunas decisiones han causado polémicas, es considerada como una herramienta útil.

El dudoso futuro de este procedimiento rápido de extradición en Reino Unido trascendió ayer tras la presentación del último documento británico sobre la negociación del 'Brexit'. Se centra en los mecanismos de decisión judicial de casos y de resolución de disputas entre gobiernos tras la marcha británica de la UE. En el primer capítulo, repatría la soberanía judicial, y en el segundo propone el recurso a comités conjuntos o paneles, que serían definidos en un acuerdo final.

Fuentes gubernamentales confirmaron que el Tribunal Supremo de Londres será la última instancia para casos de extradición, aunque el documento no lo menciona. Pero varios Estados miembros de la UE solo permiten la extradición de sus ciudadanos en el marco de la Orden Europea. Los obstáculos que plantea la propuesta de Londres sugieren que tendrá que negociar posteriores acuerdos bilaterales.

Sería un retroceso, según los propios expertos británicos. 'The Times' publicó ayer un documento elaborado por el Ministerio de Interior cuando la actual primera ministra Theresa May lo dirigía, en el que subrayaba la importancia de la colaboración europea en materia judicial y de seguridad, y recordaba que, cuando en 2014 el Gobierno ejerció su derecho de apartarse de algunas decisiones de la UE en esta área, optó sin embargo, con aval del Parlamento, por mantener la OEDE. El documento fue elaborado el pasado año y no se publicó «por disputas sobre la estrategia en la campaña» del referéndum europeo. Señalaba también la pérdida de acceso a bases de datos de Schengen o Europol.

Reputaciones

Aunque May insinuó que una marcha abrupta de la UE mermaría la cooperación británica en materia de seguridad, el documento elaborado por funcionarios de Interior y los servicios de seguridad confiaba en la continuidad de la colaboración con otros países europeos. Pero evaluaba el 'Brexit' como un riesgo de perder el acceso directo a instrumentos útiles para la seguridad. La Orden Europea ha sido una bandera del euroescepticismo. Se han señalado supuestos abusos. Polonia es un caso singular. Entre 2009 y 2016 envió a Londres 13.722 demandas, cuando España envió 2.500. El tiempo de espera al juicio tras la extradición, las condiciones carcelarias o la calidad desigual de la Justicia han incitado otras polémicas.

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