Le Pen, imputada por desviar fondos europeos para pagar a su chófer y a su secretaria

FERNANDO ITURRIBARRIACORRESPONSAL

parís. La presidenta del ultraderechista Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, fue inculpada ayer de apropiación indebida por haber remunerado a su secretaria y a su guardaespaldas con fondos del Parlamento Europeo entre 2009 y 2016 cuando era eurodiputada.

Los jueces instructores de la causa también le imputaron complicidad en el mismo delito por hechos cometidos de 2014 a 2016 en su calidad de líder del FN.

La candidata frustrada al Elíseo, que luego fue elegida diputada el 18 de junio, se había negado a acudir a una primera citación judicial el 10 marzo en plena campaña electoral al amparo de su inmunidad parlamentaria como eurodiputada desde 2004. Entonces aseguró que respondería favorablemente a una nueva convocatoria de los jueces tras las elecciones presidenciales y legislativas, promesa que cumplió ayer.

En la comparecencia, Le Pen se acogió al derecho a no responder a preguntas y se limitó a leer una declaración escrita. Su abogado, Rodolphe Bosselut, anunció que el lunes va a presentar un recurso contra la imputación por entender que vulnera el principio de separación de poderes. Con el mismo argumento solicitará la suspensión de la instrucción del caso.

Sistema fraudulento

La presidenta del FN es uno de los 17 cargos electos del partido, entre ellos su padre, Jean-Marie Le Pen, implicados en la investigación abierta en Francia desde 2015 que concierne a unos 40 asistentes parlamentarios. Se sospecha que la formación lepenista organizó un sistema fraudulento para remunerar a sus liberados con dinero del Parlamento Europeo haciéndoles pasar por ayudantes de sus eurodiputados. La Eurocámara calcula en cerca de cinco millones de euros el perjuicio sufrido.

A Marine Le Pen se le reprochan los supuestos empleos ficticios de su jefa de gabinete, Catherine Griset, y de su guardaespaldas, Thierry Légier. Según la oficina europea de lucha antifraude, Griset sólo estuvo 740 minutos entre setiembre de 2014 y agosto de 2015 en los locales de Bruselas, su teórico lugar de trabajo. La ausencia del escolta es de dominio público pues la acompaña en todos sus desplazamientos.

Los investigadores han obtenido pruebas documentales del presunto desvío de fondos en los registros practicados en la sede del FN en febrero de 2016 y febrero de 2017.

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