Trump abre la puerta de salida a los 'dreamers'

Jóvenes 'dreamers' reunidos en una protesta en Manhattan. :: afp
Jóvenes 'dreamers' reunidos en una protesta en Manhattan. :: afp

Pone fin al programa DACA de Obama, que protegía de la deportación a 800.000 jóvenes indocumentados crecidos en EE UU

CAROLINE CONEJERO N UEVA YORK.

Mientras las voces de activistas protestaban enfurecidos la decisión en las calles, desde la Casa Blanca hasta la torre Trump en Nueva York, el Departamento de Justicia anunció formalmente la terminación en seis meses del programa DACA (Ley de Acción de Aplazamiento para Menores), que protege de la deportación a los hijos de inmigrantes indocumentados.

El propio presidente Obama, impusor de ese programa durante su mandato, hizo una declaración señalando que poner fin al DACA va en contra del sentido común, coincidiendo con el sentir de la mayoría del país que apoya a los jóvenes 'dreamers' (llegados de niños al país e integrados en él).

La decisión emplaza ahora al Congreso a elaborar una norma que regule el estatus migratorio de casi dos millones de personas, de las cuales sólo unas 800.000 están acogidas al status de aplazamiento (de la deportación) que ofrece el programa DACA. Miembros del Congreso de ambos partidos, unidos en causa común, anunciaron inmediatamente la voluntad de aprobar la legislación conocida como la Ley Dream, que además proveería una vía para obtener un estatus legal a los hijos de inmigrantes indocumentados que llegaron como menores.

La nueva ley conocida por sus siglas Dream (de donde deriva el término 'dreamers') viene patrocinada por los senadores Graham (republicano) y Dick Durbin (demócrata) y no logró en su momento el apoyo del Congreso. A pesar de contar ahora con una abrumadora aceptación, en el Capitolio y en todo el país, persiste un gran escepticismo sobre las posibilidades de conciliar las muy diferentes visiones que sobre la inmigración tienen demócratas y republicanos.

En un esfuerzo para mitigar el efecto de la decisión del Gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional permitirá a los acogidos al programa a solicitar una nueva extensión de dos años siempre que lo hagan antes del 5 de octubre, renovación que les protegería hasta el 2020. Aquellos que no logren una renovación, perderán la protección que les otorgaba el DACA y podrán ser deportados.

La decisión de transferir la responsabilidad al Legislativo, pone al Congreso bajo enorme presión para resolver la situación de inmigración. Aunque existe un gran consenso en ambos partidos de apoyo a los 'dreamers', una nueva leysobre inmigración aplazada durante décadas sólo dividirá aún al Congreso.

Limbo legal

Los 'dreamers' han estado en un limbo legal desde el comienzo de la administración Trump. Durante su campaña, el millonario prometió eliminar de inmediato la orden ejecutiva del presidente Obama de 2012. Pero en varias ocasiones, incluida una entrevista en enero para la cadena ABC, Trump mostró compasión hacia los acogidos al programa DACA y afirmó que no debían preocuparse, que él tenía un gran corazón y arreglaría las cosas para todo el mundo.

Los defensores del DACA han realizado diversas movilizaciones para presionar a los republicanos del Congreso a mantener el programa. Grupos de jóvenes iniciaron una huelga de hambre en el distrito congresional de Wisconsin, del líder de la Cámara de Representantes Paul Ryan, para pedir legislación que haga permanente el estatus de los 'dreamers'. Paul Ryan, que apoya mantener el programa DACA, reiteró que es necesaria una legislación que proteja a niños y jóvenes que llegaron llevados por sus padres y cuyo status migratorio se encuentra en el limbo.

El programa de Obama se convirtió en el centro de una fiera batalla legal a finales de junio cuando los partidarios de su terminación iniciaron una campaña de presión a la Casa Blanca. Una coalición de 10 fiscales generales estatales liderada por el fiscal de Texas Ken Paxton, amenazó con demandar a la administración Trump el 5 de septiembre si no derogaba el DACA. La coalición argumenta que es una cuestión de principios constitucionales y que la orden ejecutiva de Obama se excede en autoridad ya que sólo Congreso puede legislar.

La orden ejecutiva de Obama fue el resultado precisamente de la falta de acción del Congreso en producir una legislación sobre la reforma de inmigración. El Fiscal General Jeff Sessions, quien siempre ha abogado por la terminación del DACA, tuvo que enfrentar la oposición de los anteriores Jefe de Gabinete Reince Priebus y Jefe de Estrategia Steve Bannon que por un tiempo lograron persuadir al Presidente de preservar el programa. Fuera de la escena con su marcha, el argumento del Fiscal Sessions y su aliado en la Casa Blanca Stephen Miller, obtuvo vía libre para convencer al Presidente, ambos bajo presión por parte de Paxton y los fiscales estatales.

El Servicio de Inmigración por su parte no ha cambiado sus objetivos por lo que no contempla perseguir a los 'dreamers' en caso de que el programa expire y la posibilidad de deportación continuará siendo una prioridad menor, a menos que existan delitos serios.

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