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MARCELA VALENTE
BUENOS AIRES.
Martes, 10 de abril 2018, 00:23
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La ciudad de Curitiba, donde Luiz Inacio Lula da Silva está bajo arresto desde el sábado, devino ayer en centro de reunión del Partido de los Trabajadores (PT). La cúpula de la formación del expresidente se concentró en la capital de Paraná para sellar el relanzamiento de Lula como candidato a las presidenciales del 7 de octubre a pesar de su condición de presidiario. Por allá desfilaron activistas, artistas y políticos para solidarizarse con el líder detenido, que aún tiene prohibido recibir visitas.
Lula cumple una orden de prisión dictada por el juez Sergio Moro, a pesar de que su defensa aún no ha agotado los recursos para evitar la prisión. La medida causó indignación entre los seguidores el antiguo sindicalista y uno de los magistrados del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurelio Mello, anticipó que mañana propondrá a sus colegas que los arrestados por condenas en segunda instancia puedan permanecer en libertad mientras el proceso no agote todas las instancias de apelación y exista una sentencia firme, como indica la Constitución. Esta cuestión se encuentra pendiente desde el pasado año, aunque la presidenta de la corte hasta ahora se ha negado a debatirlo. «Esperamos que el Supremo cumpla el miércoles con su papel», advirtió, por su parte, Gleisi Hoffmann, presidenta del PT y designada portavoz en esta coyuntura crítica para el partido.
Lula es el favorito para las elecciones de octubre. El segundo postulante -en intenciones de voto- es el ultraderechista Jair Bolsonaro, que no tiene ni la mitad de los respaldos que consigue el expresidente, condenado a doce años de prisión por corrupción y blanqueo de dinero en un proceso controvertido.
Para algunos expertos en derecho no existe ninguna evidencia material de los delitos que se le imputan. La decisión del juez Moro se sustenta solo en testimonios de otros implicados, que no están obligados a decir la verdad. Por ello, el PT sostiene que se trata de un preso político.
El sábado Lula fue trasladado desde Sao Paulo hasta Curitiba para cumplir la sentencia. Viajó en una avioneta de la Policía Federal custodiado por agentes de civil. Según audios divulgados ayer, cuya veracidad fue corroborada por la Fuerza Aérea Brasileña, uno de los tripulantes dijo en vuelo que había que «tirar esa basura por la ventana» refiriéndose al veterano exsindicalista. Otro integrante del equipo comentó que había que llevarlo y «no traerlo nunca más».
Lejos de ordenar una investigación inmediata sobre la amenaza registrada desde la torre de control del aeropuerto, el Gobierno de Michel Temer se apresuró a ordenar que se analice si se puede ya quitar al expresidente el derecho a tener guardaespaldas y vehículos con chófer.
Lula se encuentra confinado en en una habitación de quince metros cuadrados, con una ventana alta, en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba. Tiene apenas una cama, una mesa, una silla y desde el domingo un televisor. No estará obligado a vestir un uniforme penitenciario y tampoco se le rapará la cabeza. «Esas exigencias solo afectan a presos comunes. Él mismo cuidará de su higiene y de su ropa», explicó el presidente del sindicato de la Policía Federal de Curitiba, Francisco Carlos Breus.
Solo puede recibir la visita de sus abogados. Sus familiares aún no han sido autorizados a verlo. Tampoco otros dirigentes. No obstante, hay miles de manifestantes que acampan a metros de la Superintendencia. Una decena de gobernadores anunció que viajará esta semana a ver al líder de la izquierda brasileña.
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