La oposición llama a «tomar Caracas»

El Gobierno venezolano prohíbe todos los actos que «puedan perturbar la consulta» del domingo y amenaza con la cárcel a quien participe en ellos

MILAGROS LÓPEZ DE GUEREÑO LA HABANA.

La oposición de Venezuela encaró ayer la recta final del 'paro cívico' que en su segundo día volvió a mostrar las dos caras del país. Las zonas antichavistas, con calles bloqueadas, pancartas, neumáticos quemados, cuerdas y basuras cortando la circulación, y muchos comercios cerrados a cal y canto. Y en la parte oeste de la capital, donde el oficialismo campa a sus anchas, la gente trabaja, compra, transita con normalidad, y ayer también se manifestó en favor de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en el cierre de la campaña electoral.

La duda es qué pasará mañana con la 'gran marcha' convocada contra Nicolás Maduro y sus políticas, pues el Gobierno ha prohibido durante 72 horas las demostraciones que puedan «perturbar» la consulta del domingo. El veto está claramente dirigido a los opositores. Y si en casi cuatro meses de protestas permitidas 105 personas han muerto en los choques entre manifestantes y fuerzas antidisturbios -la última se registró ayer en el Estado de Carabobo-, el fin de semana se presenta caliente.

EN SU CONTEXTO

«Se prohíben en todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que pueda perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral», dijo el ministro para el Interior, Néstor Reverol, en un discurso televisado, escoltado por los titulares de Defensa y del Poder Electoral. Reverol anunció que «quien organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dirigidas a perturbar la organización y funcionamiento del servicio electoral o de la vida social del país será penado con prisión de cinco a diez años».

A pesar de esta advertencia, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) mantiene la convocatoria a la «toma de Caracas», una escalada de la presión para que el Ejecutivo retire la Constituyente. También dice que «boicoteará» la elección e invita a sumarse a funcionarios y a beneficiarios de los programas sociales del Gobierno, que según dicen están obligados a votar y si no lo hacen podrían sufrir represalias.

Los opositores argumentan que el sistema digitalizado está diseñado para que se sepa el sufragio de cada uno de los votantes. En teoría, la máquina capta la huella para evitar repeticiones o que voten fallecidos o una persona por otra. Se identifica a la persona que debe pulsar 'sí' o 'no' y según el voto, recibe una papeleta impresa digitalmente. En teoría también, ese voto debe ser secreto pero al ser digital cabe que sea revisable. Y ahí es donde la oposición denuncia fraude e intimidación.

Llamamiento de la Iglesia

También el opositor Henrique Capriles denunció ayer amenazas contra los comerciantes que acatan la huelga. Al recorrer la avenida principal de Bello Monte (Estado de Miranda) -otro de los reductos antichavistas- aseguró que «la presión contra cada uno de los establecimientos ha sido muy dura, han ido tienda por tienda, sobre todo en los municipios alejados de la ciudad de Caracas». Agregó que los alcaldes son igualmente coaccionados por no exigir la apertura de los establecimientos. Según el político, inhabilitado por 14 años para presentarse a cargos públicos, «han amedrentado personalmente a los comerciantes, diciéndoles que les van a revocar la licencia, sin embargo la gente continúa firme».

Mientras dirigentes opositores piden que mañana se permita a la gente que viene desde otras partes del país acudir a la «gran marcha» en la capital, la violencia no ha desaparecido de las calles y se recrudece en las noches.

El cardenal Baltazar Porras manifestó ayer su «preocupación» y «angustia» por la forma en la que el Gobierno «ha desatado la represión de forma desmedida». Criticó que los organismos de seguridad no realizan su función de mantener el orden. «Su papel no es estar en guerra con la población, su deber es protegerla, es conservar la vida» y en cambio «incitan más a la violencia», dijo el prelado que aprovechó para advertir que la «ANC tiene la intención de tomar todo tipo de represalias, como acabar con la Asamblea Nacional (AN) y la Fiscalía». Ya empezó cuenta atrás y si esto es difícil, lo que viene después no va a ser mejor.

fue el seguimiento de la convocatoria de paro según la oposición. La huelga habría tenido una especial incidencia en el sector de los transportes -90%- y habría superado el 80% en el comercio y el sector público, según los antichavistas. El Gobierno habla de fracaso porque dice que la estratégica industria petrolera funcionó con normalidad.

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