Lula, condenado a nueve años y medio por corrupción y blanqueo

Lula se cubre los ojos en un acto con sindicatos. :: R. Moraes / REUTERS
Lula se cubre los ojos en un acto con sindicatos. :: R. Moraes / REUTERS

El juez del 'caso Lava Jato' estima probado que el expresidente de Brasil recibió un apartamento como pago de un soborno de Petrobras

MARCELA VALENTE

buenos aires. Cuando toda la atención de Brasil estaba puesta en las peripecias del Gobierno de Michel Temer, acusado de corrupción, el juez Sergio Moro condenó ayer al expresidente Luis Inacio da Silva a nueve años y medio de prisión por corrupción y blanqueo de dinero en una causa controvertida, en la que se le adjudica haber recibido un apartamento como pago de un soborno. Se trata de la primera condena a Lula en la megacausa conocida como 'Lava Jato', que instruye el juez federal de Curitiba, en el Estado de Paraná, y que reveló la existencia de una red de sobornos de empresarios proveedores del Estado (Odebrecht, OAS y otros) para obtener contratos millonarios con la petrolera Petrobras.

La condena consagra la tesis de la acusación sobre la dificultad probatoria del delito y se basa principalmente en la declaración de un empresario que cumple 26 años de prisión y que, en su segunda versión ante la justicia, pasó de desvincular a implicar a Lula con el apartamento, un triplex situado en el balneario paulista de Guarujá, sin documentos que lo acrediten.

El empresario, preso desde 2014, es Leo Pinheiro, socio de OAS y testigo clave. Pinheiro no había incriminado al exmandatario en su defensa. Tampoco cuando hizo una primera delación, que no fue considerada por la Fiscalía porque no aportaba datos relevantes. Pero tras ser condenado volvió a intentar un acuerdo con los procuradores y esta vez sí declaró que cuando OAS adquirió el edificio de Guarujá le dijeron que Lula era el dueño de una unidad.

Apelación

En su sentencia de ayer, Moro aclara que el exmandatario, favorito en todas las encuestas para las presidenciales de 2018, «no está siendo juzgado por su opinión política ni se encuentran bajo evaluación las políticas por él adoptadas durante el período de su Gobierno». «Tampoco tienen relevancia sus eventuales pretensiones futuras de participar de nuevas elecciones», remarcó.

El juez aseguró que «nadie está por encima de la ley», aunque admitió que por tratarse de un expresidente, su prisión preventiva puede provocar «ciertos traumas» y por eso recomendó que permanezca en libertad mientras apela. Lula puede acudir al Tribunal Regional Federal para que revise la medida. Si la condena fuera ratificada, no solo deberá ir a la cárcel, sino que quedará inhabilitado para presentarse como candidato. Sus abogados adelantaron ayer la presentación de un recurso en su país y otro ante las Naciones Unidas.

Mientras, dirigentes del PT, su partido, ya anticipan que si Lula debe renunciar a la política podrían retirar a la formación de la carrera electoral. Mientras, convocaron a una protesta en Sao Paulo.

Lula y su esposa, la fallecida Marisa, habían visitado el edificio cuando pertenecía a una cooperativa de trabajadores bancarios. Cuando OAS lo adquirió, la mujer del expresidente pidió el reembolso de las cuotas. Durante todo el proceso, la defensa de Lula presentó testimonios que desvinculaban al expresidente de la propiedad, que no está escriturada a su nombre y que nunca habitó. De todos modos, el juez se la adjudicó en base a las declaraciones de Pinheiro. Los fiscales lo acusaron también de haber aceptado sobornos por parte de una empresa vinculada a Petrobras, a través del pago de un espacio de almacenamiento del acervo presidencial que acumuló durante sus dos gestiones. Pero el juez, en este caso, lo absolvió.

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